El mapa oculto de la tierra argentina: el departamento santafesino que desafía la ley

Mientras el gobierno nacional intentó avanzar con la eliminación de límites a la compra de campos por extranjeros, un informe oficial destapó una situación incómoda: hay un departamento santafesino que ya supera el tope legal del 15%. Se trata de Garay, el único distrito de la provincia que quedó por encima del umbral.

El debate volvió a centrarse en quiénes son los dueños de la tierra argentina. La Ley 26.737, vigente desde 2011, fija un máximo del 15% de superficie rural en manos foráneas, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Sin embargo, un relevamiento del Observatorio de Tierras, elaborado por investigadores del Conicet y la UBA, detectó que Garay alcanza el 15,94%, rozando el 16%.

¿Dónde está el punto crítico?

Garay se ubica a poco más de 200 kilómetros de Rosario, atravesado por el sistema del río San Javier. Sobre una superficie rural de 391.777 hectáreas, unas 61.630 pertenecen a propietarios extranjeros. La cifra no solo supera el límite, sino que además se concentra en una zona con reservorios de agua dulce estratégicos.

La legislación, en su artículo 10, restringe la adquisición de inmuebles ribereños o que contengan cuerpos de agua permanentes. En Garay, emprendimientos turísticos explotados por empresarios franceses y estadounidenses, dedicados a la pesca y caza deportiva, ocupan parte de la costa.

La investigadora Julieta Caggiano advirtió que los promedios pueden engañar: “La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”.

¿Cuánta tierra argentina está en manos extranjeras?

A nivel nacional, el Registro Nacional de Tierras Rurales contabiliza 12.520.826 hectáreas en manos foráneas, un 5,57% del total rural del país. Eso equivale a casi la mitad de la superficie de Misiones o a 622 veces la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio, por su parte, redondea la cifra en 13 millones, similar a toda la provincia de Santa Fe.

El fenómeno no es parejo: se concentra en departamentos fronterizos, cordilleranos, con reservas de agua o potencial minero. El relevamiento identifica 44 distritos que exceden el 15%, aunque otros registros elevan la cifra a 50. Entre los más críticos están San Carlos (58,8%) y Molinos (57,5%) en Salta, General Lamadrid en La Rioja (57%), Lácar en Neuquén (53,6%) y Campana en Buenos Aires (50,5%).

En el listado también aparecen distritos vinculados al río Paraná, como Iguazú (38,8%), Ituzaingó (16,1%) y Berón de Astrada (32,72%). Garay, con su 15,94%, se ubica en el puesto 43.

¿Quiénes son los dueños?

Los capitales estadounidenses lideran el ranking con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. Entre los nombres conocidos aparecen Luciano Benetton y Joseph Lewis. Pero una parte importante permanece oculta: casi dos millones de hectáreas pertenecen a firmas offshore, radicadas en Suiza (45,4%), Uruguay (34,7%) y otros paraísos fiscales.

La minera Glencore, a través de subsidiarias como Xstrata, controla vastas extensiones en Jujuy, Catamarca y San Juan. En Calingasta, la suiza Estomonte AG reclama 400 mil hectáreas, aunque con conflictos por los títulos. En Salta, Estancia La Bodeguita SA, radicada en Uruguay, posee más de 43 mil hectáreas en Guachipas, con una concesión de cuatro ríos otorgada durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Además, unas 2.230.610 hectáreas no tienen nacionalidad identificada, la mayoría en Santa Cruz, Chaco, Chubut y La Pampa. El cambio de criterio para clasificar sociedades y sucesiones redujo las cifras entre 2015 y 2022, pero no implicó ventas reales.

¿Qué dice la ley?

La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, fijó el límite del 15% y estableció que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo, es decir, el 4,5% del total. También limitó a mil hectáreas por propietario extranjero en la zona agrícola núcleo, que incluye el sur santafesino.

La norma no es retroactiva: quienes ya tenían tierras por encima de los límites conservaron sus derechos. Por eso, departamentos como Garay superan el techo sin que necesariamente se hayan hecho compras prohibidas después de 2011. El debate, sin embargo, sigue abierto.