El mapa oculto de los cuidacoches en Rosario: el dato clave que reveló el municipio

Más del 85% de los reclamos ciudadanos por esta actividad se concentran en una sola zona de la ciudad. Mientras la Legislatura de Santa Fe debate una ley para prohibir la exigencia de dinero en la vía pública, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, entregó una radiografía detallada y compleja del fenómeno, advirtiendo que una mera prohibición no será suficiente.

En una entrevista con el programa *Radiópolis* de Radio 2, Herrera confirmó que el Ejecutivo municipal apoya la normativa para terminar con la actividad de los cuidacoches. Sin embargo, fue claro al señalar que esta medida debe ir acompañada de un abordaje integral que incluya políticas sociales y de salud.

¿Dónde están los focos de conflicto?

Los datos oficiales brindan un panorama preciso de la problemática. A partir de operativos conjuntos con la Policía durante 2025, el municipio logró identificar a 754 personas que se desempeñan como cuidacoches en Rosario. Pero el dato más revelador tiene que ver con la distribución geográfica de los conflictos.

Diego Herrera precisó que “de los reclamos que llegan al 147, más del 85% son en la zona del centro”. Según su explicación, las denuncias de los vecinos se concentran fundamentalmente en “corredores que tienen una actividad gastronómica muy fuerte por la noche o en corredores comerciales”.

El funcionario describió una realidad sumamente dispar en las calles. Mientras en algunos casos operan mafias vinculadas a barras bravas que imponen tarifas fijas, en otros barrios los propios vecinos defienden a quienes cuidan los autos, llegando incluso a juntar firmas en su apoyo. “Es un tema complejo que no se puede abordar únicamente con la prohibición”, sostuvo Herrera.

Una prohibición con herramientas limitadas

El secretario de Control se alineó con las declaraciones previas del intendente Pablo Javkin, afirmando: “Creo que es necesaria una prohibición, pero me parece que la prohibición tiene que venir acompañada de otras medidas”. Entre esas medidas, destacó la necesidad de enseñar un oficio y ayudar a reinsertarse en la sociedad a aquellos cuidacoches que no tienen antecedentes penales.

Respecto al debate legislativo, Herrera elogió la propuesta del senador Ciro Seisas por considerarla “la más completa”, ya que combina el cese de la actividad con el trabajo social por parte del Estado. En este punto, lanzó una advertencia crucial: muchos hombres de entre 30 y 45 años terminan en esta situación como consecuencia de problemas de consumo problemático, lo que demanda una mirada enfocada en la salud pública.

Actualmente, las herramientas municipales para enfrentar el problema son, a su juicio, limitadas. “Hicimos 9.090 actas labradas por el artículo 300 del Código de Convivencia, pero termina siendo una multa”, graficó, mostrando la poca efectividad disuasoria de las sanciones económicas.

El desafío detrás de la ley

Herrera reflexionó sobre los enormes desafíos estructurales e institucionales que supondría aplicar una prohibición efectiva. “No es tan sencillo el tema de la prohibición, porque después no solo hay que resolver en dónde alojar a esas personas en caso de que tengan una sanción de prisión, sino también el proceso judicial”, apuntó. Esta observación pone el foco en las falencias del sistema contravencional actual, que podría colapsar ante una aplicación masiva de la norma.

La discusión, por lo tanto, trasciende la simple sanción y se adentra en terrenos más espinosos: la capacidad del Estado para contener, judicializar y, en el mejor de los casos, recuperar socialmente a cientos de personas cuya realidad está lejos de ser homogénea.