El mapa secreto del RIGI: cinco provincias se quedan con el 95% de las inversiones y el resto del país paga la factura

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) prometió desarrollo para todo el país, pero un nuevo informe revela que solo cinco provincias concentran más del 95% de los proyectos, mientras el resto sufre la pérdida de recaudación. ¿Qué pasa con las provincias que quedan afuera?

El segundo informe del Observatorio RIGI, elaborado por organizaciones como FARN, CELS y la UNSAM, traza un mapa implacable: Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta se llevan casi la totalidad de las inversiones comprometidas. El 90% de las iniciativas apuntan a hidrocarburos (Vaca Muerta) y minería (litio y cobre).

¿Por qué esto afecta a todo el país?

La concentración territorial no es solo un dato geográfico. Implica que el Estado nacional resigna recursos coparticipables, mientras las provincias beneficiadas recaudan más. El investigador Alejandro Gaggero lo define como un "esquema de desintegración". Las provincias que no reciben inversiones pierden ingresos por las exenciones fiscales y la caída en la coparticipación federal.

Según Mariano Novas, coordinador del Observatorio, el RIGI reconfigura las dinámicas locales y profundiza la "provincialización" de los recursos naturales. Neuquén lidera con 63.701 millones de dólares (46,1%), seguida por San Juan (27.466 millones, 19,9%), Río Negro (19.589 millones, 14,2%), Catamarca (10.158 millones, 7,4%) y Salta (9.459 millones, 6,9%).

¿Cuánto empleo genera realmente?

Los 37 proyectos con datos disponibles proyectan 44.953 puestos de trabajo en total: 14.240 directos y 30.713 indirectos. Pero la distribución es tan desigual como la inversión. San Juan concentra el 36,6% del empleo directo, seguida por Salta (13,4%) y Catamarca (12,3%). El 77,2% de esos puestos corresponde a la minería, no a los hidrocarburos.

El informe advierte que estas cifras no consideran los empleos que se pierden en turismo, pesca o economías regionales, ni los impactos de género por la masculinización del empleo extractivo. "Las estimaciones oficiales solo contabilizan los empleos generados, no los desplazados", señala el documento.

El costo social: desalojos y conflictos

El avance del RIGI no viene solo: esta semana se profundizó el desalojo en dos comunidades mapuches de Neuquén (Lof Kinxikew y Melo). En Salta, ingresaron más de 150 expedientes judiciales por conflictos territoriales. Jujuy y Chubut también registran avances contra comunidades.

El régimen se complementa con otras normas como la modificación de la ley de glaciares y la derogación de la ley 26.160, que frenaba los desalojos. "El RIGI no genera empleo, expulsa comunidades", denuncian los especialistas.

El fantasma del CIADI

Los 40 proyectos involucran a 46 empresas de 11 países, con fuerte presencia de capital extranjero (45,8%). En litio y cobre dominan corporaciones como Glencore, Rio Tinto y POSCO. Para Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET, la "garantía de seguridad jurídica" del RIGI abre la puerta al arbitraje internacional: si el Estado regula, por ejemplo, el uso del agua, las empresas podrían demandar al país ante el CIADI.

"Glencore es la que más usa el arbitraje internacional. No tienen interés por los derechos humanos ni el cuidado del agua", afirmó Ghiotto. Argentina tiene 48 Tratados Bilaterales de Inversión vigentes, herencia de los años 90, que ceden soberanía jurídica.