El matrimonio que manejaba Las Heras evitó la cárcel: qué encontró la Justicia

Daniel Orozco y Janina Ortiz, exintendente y exsecretaria de Gobierno de Las Heras, fueron condenados este martes a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza Marina Martín homologó el acuerdo con la Fiscalía en un juicio abreviado por la causa conocida como "cooperativa fantasma".

El matrimonio evitó así la cárcel pese a haber encabezado una organización que desvió de la comuna el equivalente a 200.000 dólares, según la imputación. El delito, peculado, prevé hasta 10 años de prisión efectiva.

Un entramado de licitaciones y servicios que nunca se prestaron

Entre 2021 y 2023, Orozco, Ortiz y otros cinco imputados —funcionarios municipales y particulares— intervinieron en el direccionamiento de licitaciones y contrataciones para pagar servicios de limpieza que no se prestaron.

Mediante dos licitaciones y dos contrataciones directas, desviaron cerca de 36 millones de pesos, que en su momento equivalían a 200.000 dólares.

Los otros imputados, que aún no pidieron un juicio abreviado y que arriesgan penas de prisión por peculado, son el ex subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart; su yerno Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; el contador Germán Herrera; y el changarín Adrián "Moco" Pérez, un analfabeto que Pandolfi y Mostaccio registraron como presidente de la cooperativa fantasma.

El beneficio que también alcanzó a Ortiz por la causa de amenazas

Para Ortiz, el acuerdo también le permite zafar en la causa por amenazas coactivas, en la que también estaba imputada por coaccionar a una empleada municipal para que se acueste con un funcionario municipal y lo grabe, con la amenaza de echarla si no lo hacía.

Cuatro intendentes condenados por corrupción desde el retorno de la democracia

Con Orozco son cuatro los intendentes mendocinos condenados por hechos de corrupción desde 1983: dos peronistas y dos radicales. El dato anecdótico es que los dos radicales finalmente lograron evitar la cárcel, mientras que los dos peronistas recibieron penas de prisión efectiva.

El otro radical, además de Orozco, que fue condenado sin prisión efectiva fue Jorge Ruiz, intendente de General Alvear entre 1995 y 1999. Cuando buscaba su reelección, se conoció una cámara oculta que lo mostraba contando dinero de una coima para direccionar el otorgamiento de viviendas a un sindicato. Terminó renunciando y, posteriormente, la Justicia lo condenó y le impuso inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Sergio Salgado, exintendente peronista de Santa Rosa, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, pena que luego fue unificada en un total de seis años de prisión al sumarse otra causa por amenazas. Entre los hechos probados estuvo el manejo irregular de la recaudación del estacionamiento de la feria La Salada. En noviembre de 2025 obtuvo la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena.

El otro antecedente es Luis Lobos, exintendente de Guaymallén que continúa preso —al igual que el caso Orozco, la causa judicial contra Lobos se activó tras una investigación de Mendoza Post—.

En 2019, Lobos recibió una primera condena de cuatro años y medio de prisión por la causa conocida como la "mucama ñoqui". En diciembre de 2022, tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado, fue condenado por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. La Justicia unificó las penas en ocho años de prisión. También fue condenada su esposa, Claudia Sgró, quien obtuvo recientemente la libertad condicional.