El mayor robo cripto de la historia: cientos de miles de argentinos quedaron sin poder retirar sus ahorros de Binance

En apenas 20 minutos salieron de la plataforma más de 6.300 millones de dólares en criptoactivos, el mayor hackeo de la historia del sector. Cientos de miles de clientes argentinos de Binance se habrían visto afectados por la suspensión de retiros que decidió la empresa tras el ataque, registrado el jueves 29 de octubre.

El episodio dejó al descubierto riesgos que muchos ahorristas no tenían en cuenta y expuso una contradicción de fondo en el mundo cripto: un ecosistema que nació para funcionar sin intermediarios depende cada vez más de grandes empresas centralizadas.

La cifra supera ampliamente los 1.500 millones de dólares que se habían sustraído en el caso de Bybit en 2025. La evidencia disponible apunta a que la vulnerabilidad no estuvo en la tecnología descentralizada, sino en la infraestructura centralizada de custodia de Binance.

Muchos inversores llegaron a estos activos atraídos por el discurso contra el sistema financiero tradicional o por subas abruptas de cotización, y probablemente no dimensionan las fragilidades del ecosistema ni el peso que los entes centralizados tienen en su funcionamiento.

La promesa original y su desvío

Los criptoactivos surgieron como alternativa a un sistema financiero basado en intermediarios. Bitcoin, nacido en 2008 en plena crisis financiera global, propuso un dinero electrónico entre pares que se valida sin depender de bancos ni gobiernos.

Con el correr de los años, sin embargo, el ecosistema se fue concentrando en grandes actores privados en sus distintas capas y funciones: mercados como Binance, que reúnen negociación y custodia; emisores de stablecoins como Tether y Circle; y fondos de inversión como BlackRock y Fidelity, que incorporaron masivamente criptoactivos a las carteras de sus clientes.

El hackeo, con la consiguiente caída de precios y la imposibilidad temporal de disponer de los fondos, es la expresión más cruda de esa paradoja: una tierra prometida descentralizada y segura que terminó colonizada en grandes segmentos por entes centralizados.

Redes, plataformas y billeteras: dónde está el riesgo

En el ecosistema cripto conviven varias capas que dialogan entre sí: las redes blockchain, las plataformas de negociación y los servicios de custodia.

En las redes (Bitcoin, Ethereum) las transacciones se validan mediante consenso distribuido, sin un administrador único. En las plataformas, los exchanges centralizados concentran negociación y custodia, mientras que los descentralizados se autogestionan de forma más autónoma, en ambos casos a través de contratos inteligentes.

En la custodia en billeteras, la diferencia central es quién controla las claves privadas. En entes centralizados como Binance las billeteras son custodiadas por la empresa; la autocustodia, en cambio, acerca al usuario a la idea original de evitar instituciones intermediarias.

Pero la autocustodia no elimina los riesgos: los traslada. Quien conserva sus claves asume la responsabilidad total y su pérdida es irreversible. Los riesgos existen en ambos modelos, y cada arquitectura distribuye las vulnerabilidades de manera diferente.

Cómo fue el ataque

Los primeros indicios apuntan a que los atacantes, supuestamente de origen norcoreano, comprometieron la infraestructura informática con la que Binance autoriza y firma retiros desde sus billeteras calientes.

La empresa informó inicialmente que podría haberse intervenido la computadora de un ingeniero de DevOps, pero luego reconoció otros puntos vulnerables y sostuvo que no encontró evidencia de filtración de claves privadas. La investigación continúa.

Se habría utilizado EIP-7702, una actualización de Ethereum incorporada en mayo de 2025 que permite ejecutar varias operaciones de manera coordinada delegando firmas. Se trata de una herramienta del protocolo, no de una falla de Ethereum.

No hay indicios de que se hayan vulnerado las redes de Bitcoin, Ethereum o Solana, ni de que el origen sea un error en un contrato inteligente como el que afectó a The DAO en 2016. La evidencia apunta a una falla en los controles operativos de una infraestructura centralizada de custodia.

Algunas billeteras de los atacantes habrían operado a través de Tornado Cash, un controvertido protocolo de mezcla de criptoactivos que dificulta vincular las direcciones de entrada y salida. El servicio tiene antecedentes: fue sancionado en 2022 por la OFAC, el organismo del Tesoro de Estados Unidos que aplica sanciones en temas de seguridad nacional y política exterior, en un fallo que luego fue levantado por la justicia.

Los que frenaron el daño también son centralizados

La respuesta al ataque evidenció otra paradoja: el robo ocurrió por fallas de seguridad en un actor centralizado y el daño solo pudo mitigarse gracias a la intervención de otras entidades centralizadas.

Las transferencias de criptomonedas puramente descentralizadas como Bitcoin o Ether no pudieron bloquearse ni revertirse. En cambio, las empresas emisoras de stablecoins usaron su control sobre esos tokens para congelar los fondos robados y contener las pérdidas con rapidez.

Tether y Circle, emisores de USDT y USDC, bloquearon importantes cantidades vinculadas con los fondos sustraídos: más de 2.600 millones de dólares. Aunque estos activos circulan sobre redes públicas y descentralizadas, no tienen gobernanza descentralizada: sus emisores conservan facultades para bloquear direcciones e impedir transferencias.

Una transacción puede ser definitiva en el registro de la blockchain y, aun así, el token puede quedar inmovilizado por decisión del emisor. La descentralización de la red no implica la del activo que circula por ella. Esas facultades resultaron eficaces para contener el daño, pero al mismo tiempo exponen un poder significativo de empresas privadas sobre activos de terceros.

También intervinieron otros actores con distintos grados de descentralización. Aave, pese a ser un protocolo de préstamos descentralizado, pausó sus contratos de forma preventiva tras detectar los movimientos del hacker. Entidades con modelos más centralizados o de custodia tradicional, como Ripple y World Liberty Financial operando junto a BitGo, usaron su control corporativo directo para congelar de manera unilateral los activos emitidos.

El Security Council de Arbitrum actuó bajo un esquema híbrido: funcionó como órgano de emergencia con autoridad delegada para bloquear fondos de inmediato, pero depende de la decisión final de su sistema de gobernanza descentralizada para resolver el destino definitivo de esos activos.

Las estimaciones al 30 de octubre situaron los activos congelados en torno de 2.700 millones de dólares, y Binance comunicó después una cifra cercana a 3.000 millones.

Congelar no es recuperar

Esa cifra no debe confundirse con los aproximadamente 6.000 millones de dólares que Binance informó haber repuesto con recursos propios y fondos de protección. Los fondos congelados no son necesariamente fondos recuperados y devueltos a los clientes, y la reposición no equivale a recuperar lo robado.

Ante este tipo de incidentes conviene distinguir cinco capacidades: trazabilidad (rastrear los movimientos en una blockchain pública), congelamiento (impedir nuevas transferencias), recuperación (restituir los activos en cuentas congeladas a sus titulares), respaldo económico (la garantía del exchange para el resarcimiento) y monetización (convertir los activos en dinero y usarlos).

Bitcoin y Ether, a diferencia de la mayoría de los stablecoins, no tienen un emisor con facultades de congelamiento: sus transferencias son trazables, pero no existe un procedimiento ordinario para revertirlas.

¿Quién responde cuando algo sale mal?

Binance señaló que, a través de diversos mecanismos, ningún cliente perderá sus tenencias. Sin embargo, la suspensión temporal de los retiros les impidió a sus usuarios vender, de haberlo querido, durante los primeros días en un mercado bajista.

La empresa anunció que cubriría los activos afectados y que ningún cliente debería perder sus valores. Al 1 de noviembre informó que había repuesto cerca del 95% de lo sustraído y que reabriría los retiros de forma gradual.

Pudo hacerlo porque, por su tamaño, contaba con recursos corporativos, reservas y un fondo de protección (SAFU). Eso demuestra su capacidad financiera, pero no equivale a un seguro de depósitos: la protección ante este tipo de eventos depende exclusivamente de la solvencia y la voluntad de la empresa.

Los términos de uso de Binance prevén, ante determinado tipo de controversias, arbitrajes en el exterior, en jurisdicciones y tribunales lejanos al país donde residen los inversores. Son cláusulas que suelen pasar inadvertidas para los inversores comunes.

En Argentina, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor permite considerar abusivas las cláusulas que restringen derechos del consumidor, y el artículo 2654 del Código Civil y Comercial fija reglas de jurisdicción para contratos internacionales de consumo. Aun así, reconocer la competencia de tribunales argentinos no resuelve la ejecución de sentencias cuando la entidad y sus activos están en el exterior.

Tampoco debe confundirse el registro ante el regulador con una garantía. Binance Services Latinoamérica S.A. de C.V. está inscripta como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores, pero eso no le brinda el régimen prudencial de una licencia bancaria, ni la garantía de depósitos, ni asegura la restitución ante un incidente.

El riesgo de un efecto en cascada

En un mercado tan interrelacionado como el cripto, donde interactúan plataformas centralizadas y descentralizadas, con activos en garantía que requieren disponibilidad para liquidarse automáticamente y con instrumentos derivados complejos heredados del sistema tradicional, episodios como el de Binance pueden tener consecuencias difíciles de calibrar.

El impacto puede no limitarse a los clientes directos. Plataformas menores dependen de grandes exchanges internacionales para ejecutar operaciones, acceder a liquidez o mantener activos en cuentas ómnibus. Si el mercado principal interrumpe retiros o tiene dificultades de solvencia, el problema puede trasladarse a esos intermediarios y a sus usuarios, generando un efecto en cascada.

Por eso importa no solo quién tiene el contrato con el cliente, sino dónde se custodian los activos, quién controla las claves y cómo se separan los fondos propios de los de terceros.

La supervisión debería poder observar los engranajes de toda la maquinaria: qué exchanges internacionales usan los proveedores locales, dónde se custodian los activos, qué proveedores de liquidez y emisores intervienen, qué segregación patrimonial existe y cómo se responde a la caída de un proveedor crítico. Y, sobre todo, contar con herramientas para intervenir ante dificultades.

La velocidad también cuenta. Si los fondos pueden ser robados en minutos, no alcanzan los controles posteriores: se necesita monitoreo, análisis de datos y coordinación entre supervisores y actores del sector privado.

En el caso de Binance resulta relevante el escaso rol de los reguladores tanto para prevenir como para responder rápido al incidente. Todo parece indicar que el congelamiento parcial fue posible porque los emisores privados actuaron rápido, antes de que la totalidad de los fondos saliera del alcance de una autoridad central.

Dos arquitecturas, dos tipos de riesgo

El episodio muestra que centralización y descentralización no son modelos de seguridad contrapuestos, sino arquitecturas que enfrentan riesgos diferentes y generan vulnerabilidades específicas.

La concentración de activos y facultades en Binance creó un punto único de falla que permitió robar miles de millones de dólares; la capacidad de intervención de Tether, Circle y otros actores permitió inmovilizar una parte sustancial. La misma estructura centralizada que puede amplificar el daño también puede contribuir a contenerlo.

En su esencia, la filosofía cripto parte de un principio según el cual cada inversor debe investigar por su cuenta todas las características de los activos que adquiere y evaluar los riesgos. En los hechos, eso resulta imposible para la mayoría de los clientes minoristas, dada la enorme sofisticación de estos productos.

En ese contexto adquiere sentido el rol de los supervisores como responsables de proteger a los ciudadanos de a pie ante fuertes asimetrías de información. Los organismos de regulación en Argentina cuentan con personal idóneo, pero están fragmentados y necesitan capacitaciones constantes, recursos y herramientas tecnológicas para cumplir con sus mandatos y poder prevenir o actuar eficazmente ante situaciones como el hackeo a Binance.

Carlos Weitz. Ex presidente de la Comisión Nacional de Valores. Profesor en la Maestría de Finanzas. Universidad de Buenos Aires.

Daniel Díaz. Profesor de la Especialización de Posgrado en Gestión Estratégica de la Tecnología Informática. Universidad Nacional de Rosario.