El mecanismo que ya desaloja sin juez: quién queda en la calle y qué busca acelerar Milei

Los hogares inquilinos del AMBA destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y el 45% está endeudado. Mientras el proyecto oficial para acelerar los desalojos sigue frenado en Diputados, un mecanismo administrativo ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y explica el 58% de los desalojos en 2026. Quiénes son, en realidad, los que terminan en la calle.

El debate público instaló la figura del "usurpador", pero las estadísticas muestran otro universo: dos de cada tres desalojos registrados entre 2020 y 2025 correspondieron a inquilinos que no pudieron pagar, no a personas que ocuparon una propiedad sin título. La desregulación de fines de 2023 dejó al mercado sin límites y el alquiler se convirtió, para muchos, en sinónimo de deuda.

El problema empieza antes del desalojo

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, los precios de los contratos crecieron muy por encima de la inflación. Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión libertaria hasta agosto de este año los alquileres aumentaron más de 600%, frente a una inflación general del 255%. El propio INDEC midió en agosto subas de entre 2,3% y 4,9% en alquiler de vivienda según la región, contra un 1,7% de inflación general.

El impacto en los ingresos es directo: el 57% de los hogares inquilinos del AMBA destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, cuando un año antes era el 38%, según la Encuesta Inquilina 2025 elaborada por UBA-CONICET, CELS y ACIJ. Apenas el 21% logra mantenerse por debajo del tercio de los ingresos que se considera sostenible a nivel internacional.

La presión también se trasladó al endeudamiento. El 45% de los hogares inquilinos del AMBA acarrea deudas y el 29% tomó un préstamo formal en el último año. Entre quienes recurrieron a ese financiamiento, el 77% lo hizo para poder pagar el alquiler. En Córdoba lo llaman "mora invisible": familias que usan la tarjeta de crédito o préstamos personales antes de figurar como morosas frente al propietario, según un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA). En Rosario, los reclamos por deudas y aumentos de expensas "vienen en alza".

La desregulación del DNU 70/2023 eliminó los plazos mínimos de los contratos y los mecanismos de actualización. También se llevó una protección que pesa en el bolsillo: la ley 27.551 precisaba qué gastos del consorcio correspondían al propietario y cuáles al inquilino. Sin esa norma, rige el Código Civil y Comercial, que deja la definición en manos del consorcio de propietarios.

Qué dice el proyecto que espera en Diputados

El Gobierno impulsa la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que convierte el proceso de desalojo en un trámite "sumarísimo", con plazos más breves y menor margen para producir prueba. La iniciativa también permite al propietario pedir la restitución anticipada del inmueble antes de la sentencia definitiva, es decir, recuperar la propiedad durante el juicio y no después de que termine.

El mecanismo se combina con otras modificaciones procesales: el domicilio electrónico constituido en el contrato puede usarse para las notificaciones y, en algunos casos, ya no sería necesario que la comunicación llegue personalmente al ocupante. El proyecto tiene media sanción del Senado y su tratamiento en Diputados está demorado.

Qué dicen los hechos en la Ciudad

Mientras el proyecto nacional espera en el Congreso, en CABA ya funciona una vía administrativa para ejecutar desalojos sin intervención judicial. Está contemplada en el artículo 12 del decreto 1510/97, diseñado para emergencias edilicias. Su uso creció de forma acelerada: los desalojos administrativos eran el 2% del total en 2024 y pasaron a explicar el 58% en 2026.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se realizaron 621 desalojos administrativos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 menores de edad. Los casos se concentraron en conventillos, pensiones y casas ocupadas de las comunas 1, 3 y 4. "El mecanismo que buscaría blindar ya opera en los hechos, sin necesidad de una nueva norma", alertó el documento del investigador José Maldonado.

El informe del IEF también cuestiona cómo se usa la herramienta. Según la Defensoría Pública porteña, en uno de cada tres casos registrados durante 2026 la Jefatura de Gabinete de la Ciudad impulsó una inspección que terminó derivando en el desalojo, pese a que la vía administrativa debería activarse "frente a una emergencia técnica objetivamente comprobada".

La experiencia porteña funciona como antecedente: la discusión sobre la aceleración de los desalojos ya tiene una expresión concreta antes de la reforma nacional. "Esa asimetría explica por qué el Gobierno puede darse el lujo de dejar el proyecto en pausa sin que eso implique un retroceso real en su objetivo de fondo. El efecto que busca —correr al inquilino que no puede sostener el pago, con la menor fricción institucional posible— ya lo viene logrando por otras vías: el mercado desregulado, que fija el precio del alquiler sin ningún techo, y la práctica administrativa, que desaloja sin esperar a un juez", concluyó la investigación.