El "médico del pueblo" que recetaba discapacidades falsas: la doble vida de Gerardo Orellana

En el departamento Anta, Salta, un nombre que solía inspirar confianza ahora está en boca de todos por el peor motivo. Francisco Gerardo Orellana, el legislador provincial conocido como el "médico del pueblo", enfrenta un escándalo que podría sepultar su carrera política. La Justicia Federal lo acusa de liderar una red que fabricaba certificados de discapacidad truchos para cobrar pensiones millonarias al Estado.

Orellana, quien juró como diputado por el bloque "Todos por Salta" el 24 de noviembre de 2025, habría utilizado su posición para convertir la salud pública en un negocio redondo. Pero, ¿cómo pasó de ser un médico querido a ser el centro de una causa por fraude?

El lado oscuro del doctor bondadoso

Durante años, Orellana fue una figura intocable en Joaquín V. González. Su consultorio de puertas abiertas y su atención sin distinciones le granjearon un enorme capital simbólico. Ese prestigio lo impulsó políticamente: fue intendente hasta 2011, pasó por el Ministerio de Gobierno hasta 2012 y finalmente llegó a la Legislatura provincial.

Sin embargo, detrás de esa sonrisa cordial, el fiscal general Carlos Amad destapó una olla podrida. Orellana es una de las 15 personas imputadas en una asociación ilícita que defraudaba al Estado Nacional otorgando beneficios a personas que gozaban de perfecta salud.

El curro de los votos y las pensiones

La acusación es grave y apunta directo al clientelismo político. Según la investigación, el sistema se usaba para captar votos en sectores vulnerables. En plena época de elecciones, Orellana recorría parajes rurales y barrios carenciados ofreciendo pensiones a cambio de apoyo electoral.

El "médico del pueblo" digitaba a dónde tenía que ir la gente y ponía su firma para avalar expedientes de postulantes que no cumplían los requisitos legales. El cinismo llegó a tal punto que, durante las audiencias, salió a la luz el caso de un "beneficiario" al que le recetaron un altísimo porcentaje de incapacidad cuando, en realidad, trabajaba todos los días con total normalidad.

Un negocio que costaba $3.280 millones por mes

Esto no fue un favor aislado, sino un negocio redondo que desangraba las arcas públicas. Se estima que esta maniobra le costaba al Estado Nacional unos $3.280 millones mensuales.

Para que la rueda girara, la organización criminal -integrada por empleados de hospitales públicos que derivaban pacientes y falsificadores de estudios- cobraba un "peaje" por la gestión de los trámites. Las sumas iban desde los $20.000 hasta el $1.000.000, dependiendo del cliente y del nivel de "ayuda" que necesitara el expediente trucho.

Hoy, Orellana enfrenta cargos por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La contradicción: solidaridad para la foto

Si la estafa indigna, el intento por lavar su imagen enfurece. Mientras ya era investigado por la Justicia Federal, Orellana se paseaba por el interior profundo posando de salvador. El diputado se mostró participando del Programa Extramuro-Anta Solidaria junto al Ministerio de Salud Pública.

El objetivo oficial era realizar operativos sanitarios integrales en escuelas de zonas vulnerables como Salta Forestal, Luis Burela, General Pizarro, Las Lajitas y Nuestra Señora de Talavera. Una contradicción brutal: mientras firmaba certificados falsos para asegurar su banca, se sacaba fotos acercando "prestaciones de salud a la comunidad". Un doble discurso que ahora, con las pruebas sobre la mesa, la Justicia deberá castigar.