El megaproyecto que miran en Santa Cruz: 230.000 hectáreas y una duda clave sin responder

Green Capital quiere levantar un centro de datos a unos 100 kilómetros al norte de Río Gallegos, con toda la infraestructura necesaria para generar la energía que consumirían sus servidores. La ubicación la dio a conocer Jorge Vilariño, representante de la firma en Argentina, en declaraciones que publicó Convergencia Latina el 16 de octubre.

El dato que más llama la atención no es el edificio en sí, sino la escala territorial que rodea al plan: acuerdos de uso de tierras por 230.000 hectáreas en Santa Cruz, el equivalente a 2.300 kilómetros cuadrados. La referencia la difundió Maciej Srebro, director del Departamento de Apoyo a las Exportaciones de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH), en diálogo con el medio polaco XYZ.

Sin embargo, no está confirmado que toda esa superficie corresponda al emprendimiento cercano a la capital provincial ni que vaya a ser ocupada por instalaciones informáticas. Este medio no accedió a los contratos ni a una identificación completa de los predios, por lo que esos acuerdos informados no permiten acreditar una compra de tierras, una cesión de campos públicos ni establecer plazos y condiciones.

Qué incluye el diseño del proyecto

El esquema comunicado para el proyecto santacruceño contempla una estación reguladora de gas, motores de generación eléctrica a gas, instalaciones fotovoltaicas, baterías y el centro de procesamiento de datos. Es decir, no se trata solo de edificios con servidores: el alcance incluye infraestructura energética propia.

Vilariño también informó que se desarrollaban estudios de impacto ambiental. Esa declaración, por sí sola, no acredita que los estudios hayan sido presentados, evaluados o aprobados por las autoridades competentes.

Por ahora, las fuentes consultadas no permiten identificar un presupuesto definitivo, una fecha de inicio de obras, clientes contratados ni una cantidad de empleos confirmados para Santa Cruz. La inversión de US$3.300 millones que se difundió corresponde al proyecto de Trelew, en Chubut, y no puede presentarse como dinero comprometido para la provincia.

Quiénes están detrás

Green Capital es una compañía polaca vinculada al desarrollo de energías renovables. Su fundador y presidente es Michał Polanowski, mientras que Marta Złotkowska encabeza el desarrollo internacional de la firma.

Una investigación de Chequeado publicada el 23 de octubre señaló que la empresa tiene trayectoria en el sector energético, pero no registra antecedentes en la construcción de centros de datos. También recordó un proyecto de producción de hidrógeno verde anunciado en Chubut que, al momento de ese relevamiento, no se había concretado.

Ese recorrido importa a la hora de evaluar qué experiencia aportaría cada participante a un emprendimiento que exige generación eléctrica, almacenamiento, refrigeración y operación informática continua.

Para Atlas GigaHub, el proyecto anunciado en Chubut, Green Capital presentó acuerdos con Wärtsilä, Schneider Electric, Ore Energy y Envision Energy, una compañía china vinculada con tecnologías energéticas.

Envision figura expresamente en la sección 154 de la Ley de Autorización de Defensa estadounidense para el año fiscal 2024. La norma establece que, desde el 1 de octubre de 2027, no podrán utilizarse fondos del Departamento de Defensa para comprar baterías producidas por las empresas enumeradas, entre ellas Envision, con excepciones autorizadas por el secretario de Defensa.

Esa restricción se refiere a determinadas compras militares estadounidenses: no constituye una prohibición general para operar en Argentina ni demuestra una irregularidad en el emprendimiento patagónico. En el caso santacruceño, además, no se encontró documentación pública que confirme la participación de Envision, y la alianza anunciada en Chubut no permite atribuirle automáticamente el mismo papel en el proyecto cercano a Río Gallegos.

Cuál es el negocio y quiénes serían los clientes

La estrategia publicada por Green Capital apunta a vender capacidad de cómputo mediante contratos de largo plazo con grandes operadores de servicios digitales, empresas de infraestructura para inteligencia artificial y clientes empresariales.

El objetivo es ofrecer instalaciones capaces de alojar y alimentar equipos que procesan grandes volúmenes de información. Eso no implica que la compañía vaya a desarrollar por sí misma modelos de inteligencia artificial.

En el material revisado no se identificaron compradores confirmados específicamente para Santa Cruz. Tampoco el acompañamiento institucional de PAIH y de la Embajada de Polonia permite dar por asegurados el financiamiento o los contratos comerciales.

Qué beneficios podría dejar para la provincia

La construcción podría generar demanda de obras civiles, instalaciones eléctricas, transporte, alojamiento y otros servicios. Durante la operación podrían requerirse tareas de mantenimiento, seguridad y soporte tecnológico.

Para medir ese impacto será necesario conocer cuántos puestos serían temporarios, cuántos permanecerían y qué proporción se cubriría con trabajadores santacruceños. La capacitación y la contratación de proveedores locales también dependerán de compromisos concretos.

Los ingresos deben analizarse por separado. Una inversión privada no equivale al dinero que recibe el Estado provincial: la recaudación dependerá de las actividades desarrolladas, los impuestos aplicables y los beneficios fiscales que eventualmente se aprueben. Los pagos por uso de campos corresponderían a quienes tengan los derechos sobre esas tierras.

Por ahora, no existe en las fuentes consultadas una estimación pública verificada que permita calcular cuánto ingresaría a las cuentas provinciales.

Agua, gas y suelo: los impactos que deben estudiarse

El abastecimiento de agua es uno de los puntos centrales. El consumo depende de la tecnología de refrigeración, las condiciones climáticas y el sistema energético. Para este proyecto deberán conocerse la fuente, los volúmenes, la recirculación y el tratamiento de los efluentes. El frío patagónico puede favorecer la refrigeración, pero no permite concluir que la demanda hídrica será insignificante.

La generación eléctrica también requiere una evaluación específica. El esquema informado incluye motores a gas: deberán precisarse su capacidad, las horas de funcionamiento, las emisiones y el abastecimiento de combustible. La generación propia no demuestra, por sí sola, que toda la energía será renovable ni que cualquier conexión con las redes existentes resultará neutra para otros usuarios.

En el territorio será necesario estudiar las superficies efectivamente intervenidas, los caminos, los movimientos de suelo y las instalaciones complementarias. La vegetación, la fauna, el paisaje y la erosión deben formar parte del análisis, junto con el ruido y la gestión de baterías, combustibles y equipos descartados.

Respecto del clima, corresponde distinguir las emisiones de gases de efecto invernadero de los posibles efectos locales de las instalaciones. No hay elementos suficientes para afirmar que el proyecto modificaría los vientos o el clima de Santa Cruz. Sí corresponde evaluar su huella de emisiones, eficiencia energética y disipación de calor.

Qué autorizaciones necesita y dónde interviene el Estado

Santa Cruz cuenta con la Ley provincial 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamentación. El procedimiento contempla presentaciones técnicas, participación ciudadana, un dictamen y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, además del Certificado de Aptitud Ambiental.

La Ley General del Ambiente nacional también establece la evaluación previa para actividades susceptibles de producir efectos ambientales significativos y contempla instancias obligatorias de consulta o audiencia pública para su autorización.

Para establecer el avance real del emprendimiento será necesario identificar el expediente, la autoridad interviniente y las resoluciones emitidas. La elaboración de estudios por parte de una empresa no reemplaza ese procedimiento.

Según la ubicación y el diseño definitivo, también deberán acreditarse los derechos sobre el predio y tramitarse las autorizaciones correspondientes para las obras, el uso del suelo y la infraestructura hídrica y energética.

La eventual intervención de la Legislatura dependerá de los instrumentos propuestos. No puede afirmarse que todo el proyecto requiera una ley especial sin conocer los contratos, las tierras involucradas o los beneficios solicitados. Si se plantearan decisiones que necesitan autorización legislativa, deberán seguir ese trámite, además de los permisos técnicos y ambientales.

Los documentos pendientes permitirán determinar la escala efectiva del proyecto y las obligaciones que asumiría la empresa en Santa Cruz: inversión financiada, empleo por etapa, contratación de proveedores, utilización de recursos y responsabilidades durante la operación y el eventual cierre.