El mercado ilegal de la hoja de coca mueve millones en Tucumán y expone una ley desfasada
El comercio ilegal de hoja de coca mueve hasta $1.600 millones al año en Tucumán. Con 16 mil kilos incautados en 2025, autoridades admiten que la ley está desfasada frente a un consumo socialmente aceptado.
La venta abierta de hoja de coca en cientos de comercios tucumanos genera un negocio millonario en una zona gris legal, donde el consumo está permitido pero su comercio es un delito. Solo durante 2025, la Policía de Tucumán secuestró 16.125 kilos, una cifra que revela la magnitud de un mercado que crece sin control y con una aceptación social cada vez mayor.
Funcionarios judiciales y de seguridad coinciden en que el problema central es la ausencia de una ley que regule el circuito completo. Mientras el consumo del “acullico” o coqueo se normaliza, la producción, el ingreso al país, el transporte y la venta minorista siguen tipificados como contrabando. Esta paradoja legal deja a las fuerzas de seguridad luchando contra una práctica culturalmente arraigada.
Un negocio que ya no se esconde
El comisario Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, describió un cambio radical en la modalidad de venta. “Antes se hacía casi en secreto. Hoy se comercializa sin disimulo: se exhibe en los locales y se ofrece por redes sociales”, advirtió. Esta exposición pública evidencia la brecha entre la norma vigente y la realidad social en la provincia.
El comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho, detalló el esfuerzo policial. Recordó que toda hoja de coca en tránsito es considerada contrabando y precisó que el año pasado los secuestros se incrementaron en más del 300%. “El consumo fue socialmente aceptado o se transformó en una moda”, analizó.
La incapacidad de los controles locales
Desde la Justicia Federal y la Dirección General de Aduanas admiten que los operativos en rutas son insuficientes sin un acompañamiento firme de los municipios. “Solos no podemos”, reconocieron fuentes consultadas. Ferreyra fue más directo: “Podemos frenar cargamentos en las rutas, pero si no hay controles locales, la lucha pierde sentido”.
En las municipalidades, funcionarios que hablaron bajo reserva enumeraron las falencias: desconocimiento de la prohibición, habilitaciones comerciales que no incluyen control de mercadería y disputas internas sobre qué área debería inspeccionar. Un dato llamativo es que muchos de los encargados de controlar son, a la vez, consumidores habituales.
Precios disparados y ganancias opacas
La falta de regulación genera una enorme dispersión de precios en el Gran San Miguel de Tucumán. Una bolsa de 20 gramos se vende entre $1.500 y $2.500; la de 40 gramos oscila entre $2.000 y $4.000; y la de 250 gramos alcanza valores de $18.000 a $28.000, dependiendo de la calidad y el procesamiento.
Con estos valores, los 16.125 kilos incautados en 2025 representarían un movimiento económico potencial de entre $1.200 y $1.600 millones en el mercado local tucumano. En contraste, en Bolivia —donde la hoja es legal— ese mismo volumen tendría un valor aproximado de solo $225 millones.
La voz de los comerciantes y consumidores
Frente a estas cifras, algunos expendedores relativizan las ganancias. Juan Pedraza, propietario de un quiosco, admitió la ilegalidad pero reclamó una solución de fondo: “No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Van a hacer controles y el producto se va a encarecer. Es preferible regularizar el mercado”.
Luis Arrabal, dueño de un drugstore en Tafí Viejo, sostuvo que la venta de hoja de coca “no deja grandes márgenes. Es un atractivo más para subsistir, como los cigarrillos o las recargas de tarjetas”. Esta postura es rechazada por consumidores como Luciano Estévez, quien argumenta: “¿Cómo no va a ser negocio si no pagan impuestos? Si estuviera regulado, ahí se vería la rentabilidad real”.
Mientras el debate social avanza y la aceptación cultural del coqueo se profundiza en Tucumán, la Justicia y las fuerzas de seguridad continúan aplicando una ley que, según coinciden todas las partes, quedó desfasada. El resultado es uno de los mercados ilegales más extendidos y visibles del norte argentino, que opera a plena luz del día a la espera de un marco regulatorio que aún no llega.