El "Militar" Sosa acusa amenazas en la cárcel, pero no las denuncia: ¿qué hay detrás?
La defensa de Felipe "El Militar" Sosa dice que lo amenazan en el penal de Benjamín Paz, pero nunca lo denunció. ¿Quién le teme a quién?
El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez cerró su primera semana con más preguntas que certezas sobre Felipe "El Militar" Sosa, el principal imputado. Sus abogados aseguran que recibe amenazas tras las rejas en el penal de Benjamín Paz y que no le dan la medicación que necesita. Hasta ahora, ninguna de esas supuestas intimidaciones fue llevada a la Justicia.
La defensa que no cierra
Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Sosa, sostienen que su cliente no mató a la joven. Según su versión, solo se encargó de trasladar el cuerpo y abandonarlo en un descampado. Afirman que actuó por miedo a otras personas, pero Sosa todavía no contó ante el tribunal qué pasó la madrugada del 7 de enero en su casa.
La estrategia de la defensa busca instalar que Álvarez murió por una sobredosis accidental. Para respaldarlo, señalan que no se pudieron hacer estudios toxicológicos por el avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, hasta el momento no presentaron una reconstrucción completa de los hechos.
Dos declaraciones y un silencio
En el debate, Sosa habló en dos oportunidades. En ambas ocasiones se limitó a desvincular a Jorge "Chicho" Díaz y a aclarar que la mujer que aparece en una grabación íntima no es Justina Gordillo, su ex pareja y también acusada de encubrimiento.
Cosiansi había prometido que su defendido explicaría lo ocurrido, pero después dijo que le ordenaron callar. No identificó quién le dio esa orden ni en qué circunstancias.
Las amenazas que no se denuncian
La denuncia de amenazas llamó la atención porque Sosa está bajo aislamiento judicial. Fuentes penitenciarias indicaron que está alojado en un pabellón para condenados por delitos contra la integridad sexual y que no tiene contacto directo con otros internos. En el mismo penal también están Díaz y Nicolás Navarro Flores, pero en sectores distintos y sin el mismo régimen de aislamiento.
El abogado querellante Carlos Garmendia cuestionó los planteos de la defensa. Recordó que tanto el tribunal como el Ministerio Público Fiscal ofrecieron garantías para que cualquier amenaza se denuncie formalmente. Además, consideró que los defensores intentan vincular el caso con el narcotráfico para desviar la atención del homicidio. Según Garmendia, las pruebas incorporadas al juicio respaldan la acusación contra Sosa.
El estado de salud, otra incógnita
En la última audiencia, los defensores pidieron la intervención del tribunal porque, según denunciaron, las autoridades penitenciarias no le estaban dando ciertos medicamentos. Poco después, Sosa necesitó ayuda de uno de sus abogados para levantarse de su asiento y fue acompañado por un custodio a una dependencia contigua. El traslado ocurrió después de que la querella pidiera que el imputado no presenciara la declaración de los padres de la víctima.
El juez Gonzalo Ortega preguntó por su salud. Los defensores respondieron que estaba bien, aunque señalaron que aparentemente le habían provocado malestar los medicamentos que tomó antes de entrar a la sala.
Lo que viene
La próxima audiencia seguirá con la producción de pruebas y testimonios. El tribunal deberá determinar si las pruebas alcanzan para condenar a Sosa por el femicidio o si existe una duda razonable que impida el fallo. Mientras tanto, quedan sin responder las supuestas amenazas, las razones por las que Sosa no contó su versión completa y las causas de su aparente deterioro físico.
