El millonario costo de reprimir a los jubilados: más de $2.000 millones en 2025

En pleno ajuste, el gobierno de Javier Milei gastó más de $2.000 millones en operativos contra jubilados que protestaban frente al Congreso. Un informe del CELS revela los números oficiales que pocos quieren mostrar.

Según datos del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, cada miércoles de protesta tuvo un costo promedio de casi $50 millones solo en combustible y equipamiento. En total, fueron 43 operativos entre enero y diciembre de 2025, con la participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. En cada represión, en promedio, estuvieron desplegados 915 efectivos.

El CELS aclaró que la cifra es conservadora, ya que no incluye horas de servicio obligatorio ni adicionales de los cerca de 40 mil efectivos movilizados durante el año.

El operativo más violento: el 12 de marzo

Aquel día, 1.266 efectivos reprimieron la marcha. El fotoperiodista Pablo Grillo fue herido por una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, quien está procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas. La cadena de mando aún es investigada.

El gasto de ese año equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, según el promedio de 2025. Del total, el 96% se destinó a equipos de la Policía Federal; apenas 35 millones fueron para combustible.

Balance de la represión: 149 detenidos y más de 500 heridos

De las 43 protestas, al menos 28 fueron reprimidas. Organismos como Posta Sanitaria, CEPA, Comisión Provincial de la Memoria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura registraron 149 detenciones arbitrarias y 501 personas heridas por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes.

Además de Guerrero, otros tres efectivos están procesados: el prefecto Sebastián Martínez, por disparar un rifle Byrna que dejó ciego a Jonathan Navarro; el inspector Nicolás Céspedez, por empujar a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años; y el policía Cristian Rivaldi, por arrojar gas pimienta a una nena de 10 años en septiembre de 2024.

El CELS sentenció: "El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar y a la protesta social. Aborda el conflicto como un problema de seguridad, con un despliegue descomunal de recursos. Cada miércoles se destinan cientos de efectivos para reprimir a jubilados que reclaman por la pauperización de sus condiciones de vida".