El ministro de Desarrollo Social defendió el operativo de Rancul y cargó contra la familia de contención

El gobierno provincial dio por cerrado el caso del bebé de Rancul que fue separado de su familia de contención. El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, salió a respaldar el procedimiento y aseguró que se cumplió una orden judicial: el Juzgado de Familia N° 1 de General Pico ya tenía designada una familia adoptiva para el niño.

“Nosotros cumplimos una orden judicial y para ese niño ya estaba resuelta la situación de fondo, que era que ya estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia Número 1 de General Pico ya tenía seleccionada la familia adoptiva”, dijo Álvarez a Plan B, en el marco de su visita a la Legislatura provincial para tratar la reforma del Código Procesal Penal Juvenil.

El funcionario explicó que solo se esperaba poder materializar la orden de la jueza para que el bebé fuera entregado a sus adoptantes. En ese sentido, reconoció que durante la jornada del lunes se vivieron momentos de tensión, pero aseguró que se intentó que la situación fuera “lo menos violenta” para el niño. “Acá lo que nosotros priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas”, remarcó.

La ley de adopción, bajo la lupa

Consultado sobre si la ley de adopción debería modificarse después de este episodio, Álvarez defendió la normativa vigente y recordó que su objetivo fue terminar con prácticas irregulares como las guardas directas. “La ley de fondo lo que vino a buscar en su momento fue terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, que era la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares”, sostuvo.

El ministro destacó la creación del Registro Único de Adoptantes y aseguró que el sistema busca transparentar el proceso y encontrar el perfil adecuado para cada niño. “Es poder buscar un perfil que se acorde para ese niño y que tiene que ver con una decisión que va a ser final para toda su vida”, agregó.

Sobre el enojo de la familia de contención, Álvarez dijo que puede comprender algunas situaciones, pero que el Estado debe atenerse a la ley y a la orden judicial. “Fue un proceso judicial transparente, donde ellos tuvieron la oportunidad de hacer todas las defensas que pretendieron, en primera instancia, en segunda instancia, Corte y, como ayer, el último rechazo del Superior Tribunal de Justicia, diciendo que no había recursos extraordinarios ante la Corte Suprema”, afirmó.

El recorrido judicial del caso

El Superior Tribunal de Justicia recordó que el 20 de marzo la Dirección de Niñez entregó al bebé a la familia de contención bajo un acta-convenio en la que se comprometía a no adoptarlo. Tras el control de legalidad, la Justicia dictó la sentencia de adoptabilidad el 29 de junio y solicitó la lista de aspirantes al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA-La Pampa).

La familia de contención presentó cautelares para retener al niño, alegando falsamente estar inscripta en el registro de adoptantes. La Justicia dictó una medida de no innovar para mantener al bebé con ellos temporalmente, ratificada por la Cámara de Apelaciones para evitar un cambio transitorio previo a la adopción definitiva, aclarando que esto no les otorgaba ningún derecho ni condicionaba la resolución final.

Luego, la familia presentó un amparo y pedidos de guarda adoptiva, los cuales fueron rechazados en todas las instancias, con el respaldo de organismos de Niñez. Finalmente, la Justicia designó a una familia inscripta en el RUA para garantizar el interés superior del niño.

Reforma del Código Procesal Penal Juvenil

En otro orden, Álvarez visitó la Legislatura para explicar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo. El ministro detalló que la iniciativa fue trabajada junto al Superior Tribunal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría.

Álvarez recordó que la Ley 27.801 modificó la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años, y que las provincias deben adecuar sus procedimientos. “Esto no necesariamente quiere decir que se trate de sancionar y castigar, sino sí que va a haber persecución penal”, aclaró, y agregó que la reforma propone alternativas a la prisión, como la reparación del daño y la justicia restaurativa.

Consultado por la decisión judicial de la provincia de Buenos Aires de suspender la aplicación de la ley por 60 días, Álvarez dijo que es una decisión de ese distrito y que La Pampa sigue su propio camino. “Nosotros los que estamos acá, y en esto le agradezco la prontitud también a la Cámara que hace un plenario de comisiones para ver si el día jueves en un plenario de la Cámara se puede aprobar con las mayorías especiales que requiere”, señaló.