El ministro de Formosa contó qué hay detrás del superávit que festeja la Nación

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, puso el foco en cómo la recesión se mete en la mesa de las familias y cuestionó el respaldo que la Nación les da a las provincias. Lo hizo en diálogo con la prensa local, donde describió un cuadro que, según su lectura, el Gobierno nacional se niega a mirar de frente.

Para el funcionario, el consumo doméstico atraviesa un "endeudamiento pavoroso": cada vez más hogares apelan a préstamos o al crédito para poder comprar alimentos básicos.

El deterioro, paso a paso

Ibáñez ordenó el impacto en etapas. Primero se recortan las salidas y los gastos recreativos. Después llega la imposibilidad de reponer el calzado de los chicos. Y el último escalón, el más duro, es la restricción en la compra de medicamentos por parte de los jubilados.

Esa secuencia, sostuvo, es una realidad tangible que la conducción del Gobierno nacional prefiere no reconocer.

Un Estado que no puede estar ausente

Frente al discurso de la neutralidad estatal, el titular de la cartera económica calificó la idea de un Estado ausente como un grave error conceptual. Su postura: el sector público debe garantizar salud y educación gratuitas de calidad y, además, intervenir para acompañar a los sectores productivos que están en dificultades.

Inundaciones y fondos que no llegan

La discusión toma otro peso con las crecientes e inundaciones que golpean a la provincia. Ibáñez denunció la falta de auxilio financiero nacional para las tareas de prevención y contención.

En ese punto fue preciso: la inversión en infraestructura no es un pedido discrecional. Se trata de fondos asignados por ley que deben distribuirse a provincias y municipios para proteger a las comunidades y compensar a los productores damnificados.

Superávit sí, pero a qué costo

Al referirse a las metas de equilibrio fiscal, el ministro marcó una diferencia entre administrar con responsabilidad los recursos públicos y aplicar un ajuste que asfixia el desarrollo económico.

Su argumento es que el superávit que pregona la Nación se sostiene con el desfinanciamiento de las universidades públicas, la suspensión de prestaciones para personas con discapacidad y la parálisis total de la obra pública. El resultado, advirtió, cae de lleno sobre PyMEs, comercios e industrias regionales.