El ministro que denunció "carancheo político" por el bebé de Rancul ahora apuntó contra las legisladoras

El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, volvió a defender este jueves 22 de octubre la actuación de los equipos de Niñez en el caso del bebé de Rancul y denunció un supuesto destrato institucional hacia los representantes de su cartera. Lo hizo durante una reunión con las legisladoras que integran la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, según consignó Diario Textual.

Álvarez concurrió al cuerpo legislativo para responder preguntas sobre el procedimiento que terminó con el retiro del niño de la familia de contención que lo tenía bajo su cuidado. Allí sostuvo que sus equipos actuaron "conforme a derecho y conforme a una orden judicial" y cuestionó el trato que recibieron de parte de las legisladoras.

La investigación legislativa y el origen del conflicto

La comisión especial se conformó a partir de la denuncia de Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja que tuvo al bebé bajo su cuidado y que reclama su adopción. Ante los legisladores, ambos denunciaron "muchas irregularidades" por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia.

El cuerpo legislativo aclaró que su investigación se limita a los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y el posterior retiro del niño, y que no evalúa el proceso judicial de adopción. Esta semana, las integrantes de la comisión denunciaron públicamente un intento de "obstaculización" por parte del Gobierno.

La defensa del ministro y el argumento judicial

Ante las legisladoras, Álvarez defendió el accionar de la Dirección General de Niñez y afirmó que sus actuaciones fueron ratificadas en los expedientes judiciales. Como respaldo, recordó que el martes 20 de octubre la fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel desestimó la denuncia penal vinculada con el procedimiento.

La funcionaria concluyó que no había elementos probatorios para atribuir conductas delictivas a los agentes de Niñez y al personal policial, y que no se habían constatado malos tratos ni hostigamiento.

"Hemos actuado conforme a derecho y conforme a una orden judicial emanada por el Juzgado de Familia N° 1 de General Pico. No se hizo ni más ni menos que eso", afirmó el ministro. Agregó que los funcionarios públicos estaban obligados a cumplir la resolución judicial y podían afrontar responsabilidades si no lo hacían.

Los plazos ofrecidos y la versión oficial

Álvarez recordó que se habían ofrecido plazos para facilitar una entrega voluntaria y pacífica, incluida una oportunidad durante el fin de semana del 4 de septiembre en Rancul. Según su versión, la entrega no se concretó porque la familia no acató la orden judicial y se trasladó a Santa Rosa, mientras presentaba recursos que ya habían sido rechazados.

El funcionario dijo comprender el dolor de los adultos involucrados y su intención de mantener el vínculo con el niño, aunque cuestionó las vías elegidas y el asesoramiento jurídico que, según afirmó, recibieron. Luego diferenció la situación de la familia de lo que consideró una utilización política del conflicto.

"Yo dije en su momento lo del carancheo político y lo vuelvo a sostener. No lo dije por la familia, porque la familia, más allá de que no comparto un montón de cosas, entiendo que actúa en base a su dolor y en su sentido de querer tener un niño por un camino que no es el adecuado", expresó.

Cuestionamientos a la comisión

El ministro también denunció un supuesto destrato institucional hacia los representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Afirmó que el equipo de Niñez había sido convocado para comparecer el martes 20 y consideró que recibió un trato diferente al dispensado a otros sectores que participaron de la investigación.

Álvarez aseguró que su equipo estaba dispuesto a responder las preguntas de los legisladores de manera coordinada, con la intervención de cada funcionario según las competencias de su área, y aclaró que no pretendían monopolizar la palabra. Finalmente, cuestionó que legisladores con responsabilidades institucionales no hubieran contribuido, a su entender, a garantizar el cumplimiento de la resolución judicial y el resguardo del interés superior del niño.

El caso: cronología de una entrega conflictiva

El bebé llegó al hogar de Díaz y Pizzani el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir su cuidado, la pareja firmó un acta en la que aceptó las condiciones del programa, incluida la imposibilidad de convertirse en adoptante del niño.

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y solicitó al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. Díaz y Pizzani reclamaron que permaneciera con ellos y solicitaron la guarda con fines de adopción, pero sus planteos fueron rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre, cuando debían entregar al niño, la pareja se presentó por la mañana en la Dirección de Niñez, en Santa Rosa, y manifestó que no lo haría. Ese mismo día, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que habían presentado.

Por la tarde, Díaz y Pizzani fueron demorados por la Policía en Castex cuando intentaban regresar a Rancul y mantuvieron inicialmente su negativa a entregar al bebé. Finalmente, volvieron a Santa Rosa. La entrega a las autoridades se concretó después de las 18.30; alrededor de las 19.30, el niño fue retirado de la sede de Niñez y, cerca de las 20, quedó con la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

La pareja denunció que el procedimiento fue violento y cuestionó la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la resolución judicial y que se procuró generar la situación "menos violenta" posible para el bebé.