Un juez que atiende causas civiles, comerciales, penales y laborales al mismo tiempo: el caso que el "Mono" Montoya usó para explicar por qué rechaza la reforma judicial que votó el oficialismo.
El diputado provincial de la UCR, Miguel "Mono" Montoya, salió a cuestionar con dureza dos decisiones que la Legislatura de Formosa tomó en las últimas semanas: la continuidad de Leonardo Yaluca al frente de la Defensoría del Pueblo y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para el legislador, ambas movidas responden a la misma lógica: falta de debate y concentración de poder en manos del oficialismo provincial.
Las críticas las formuló durante una entrevista con el programa radial "Algo Está Pasando", que se emite por FM VLU 88.5.
El defensor que debía controlar al poder
Montoya rechazó de plano la designación de Yaluca porque, a su entender, el procedimiento que aplicó el oficialismo no dejó margen para discutir el perfil de quien ocupará un cargo pensado, justamente, para fiscalizar al Ejecutivo.
"El defensor del pueblo fue pensado para que sea una persona que equilibre la balanza, que sea un contrapeso del poder del Gobierno. Por eso, en muchas legislaturas, la propuesta no surge del oficialismo, sino de la primera minoría parlamentaria", explicó el radical.
Según planteó, en otros distritos existen mecanismos de selección con mayorías especiales y audiencias públicas en las que participan organizaciones de consumidores y usuarios. Esos filtros, sostuvo, apuntan a asegurar independencia política y capacidad real de control.
"La función que tiene que cumplir es controlar al Gobierno. En Formosa nada de eso ocurre y termina siendo, como se dijo irónicamente, un defensor del Gobierno, no del pueblo", disparó.
El diputado también marcó el modo en que el nombramiento llegó al recinto: se incorporó sobre tablas, sin un tratamiento previo que permitiera revisar antecedentes y condiciones del funcionario.
El aporte partidario que encendió la polémica
Otro de los ejes que puso sobre la mesa fue la vinculación de Yaluca con el Partido Justicialista en calidad de aportante. Ese dato, recordó, fue el que motivó un pedido de juicio político presentado por su espacio político.
Para Montoya, hay una incompatibilidad de fondo entre militar en un partido y ocupar un rol institucional que debe controlar al Gobierno.
"¿Quién aporta hoy a la vida interna de los partidos políticos si no es una persona que tiene la camiseta puesta? Una figura que fue pensada para controlar y equilibrar la balanza no puede tener su nombramiento vinculado al partido de Gobierno", argumentó.
En esa línea, apuntó contra las intervenciones públicas de la Defensoría: la acusó de ser crítica con gestiones nacionales mientras guarda silencio frente a los problemas de la provincia.
"Para los ciudadanos de Formosa no existe un instrumento que puedan utilizar para equilibrar los abusos que comete el Gobierno dentro de la provincia", afirmó.
Una reforma "exprés" que dejó afuera a la Justicia
El segundo frente de cuestionamientos fue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobó la Legislatura. Montoya reconoció que la Justicia necesita una actualización, pero calificó el trámite como apresurado y sostuvo que se perdió la chance de hacer una transformación de fondo.
"Fue una oportunidad desperdiciada. Es una reforma exprés que no garantiza una justicia mejor, solamente consolida el poder de quienes ya la controlan", manifestó.
El legislador contrastó el tratamiento de esta norma con otros proyectos en los que sí se convocó a especialistas, docentes, profesionales y representantes de distintos sectores. Una ley que regula a uno de los tres poderes del Estado, insistió, debía discutirse con abogados, jueces, fiscales, trabajadores judiciales y gremios.
"Hubiera sido muy bueno que para reformar una ley que regula uno de los tres poderes del Estado se convocara a las personas que intervienen todos los días en la Justicia. Nada de eso pasó", cuestionó.
Además, advirtió que los cambios aprobados son en buena medida formales y no tocan los problemas estructurales que arrastra el servicio judicial en distintos puntos de la provincia.
Clorinda y Pirané: juzgados al límite
Montoya graficó la situación con casos concretos del interior. En Clorinda, señaló, un mismo juez debe atender causas civiles, comerciales, penales y laborales al mismo tiempo. En Pirané, en tanto, los juzgados trabajan con una sobrecarga de tareas que excede sus capacidades.
Frente a ese panorama, consideró que la incorporación de tecnología e inteligencia artificial que menciona la reforma no alcanza si no viene acompañada de recursos y de cambios reales en el día a día de los tribunales.
"Seguimos teniendo una justicia arcaica, lejana de la gente en muchísimos lugares de Formosa. Hay mucha declamación, pero no se aplica la tecnología y los juzgados siguen abarrotados", señaló.
La autonomía del Ministerio Público, bajo la lupa
Uno de los puntos que Montoya consideró centrales fue la autonomía funcional del Ministerio Público. Valoró como positivo que se separen las estructuras de la Procuración General y la Defensa General, pero advirtió que esa división no sirve si la administración de los recursos sigue en manos del Superior Tribunal de Justicia.
Para explicarlo, puso un ejemplo: un fiscal puede tener autonomía formal para investigar y, sin embargo, quedar atado si necesita autorización para conseguir personal, fondos, combustible o herramientas técnicas.
"Si para investigar correctamente una denuncia necesitás pedir autorización al Superior Tribunal de Justicia para conseguir recursos humanos y financieros, podés planchar una causa simplemente con no darle al fiscal los recursos que necesita", explicó.
En ese sentido, remarcó que la independencia no puede quedar en una declaración sobre el papel mientras las decisiones administrativas y presupuestarias continúen concentradas en otro organismo.
"La autonomía funcional que tiene el proyecto es declamativa. Si el Superior Tribunal sigue administrando los recursos económicos y nombrando al personal de los fiscales, esa independencia no existe en la práctica", afirmó.
Hacia el cierre, Montoya aclaró que su espacio no se opone a modernizar la Justicia y recordó que presentó iniciativas propias, como la separación de la Procuración y la Defensoría y la creación de fiscalías de investigación especializadas. Aun así, insistió en que lo aprobado no garantiza una Justicia más independiente ni más cercana a la gente.
"Una reforma judicial no es buena porque se apruebe rápido o porque tenga más de 100 artículos. Es buena si garantiza una Justicia más independiente, más eficiente y más cercana a los ciudadanos. Nada de eso se consigue con lo que votó el oficialismo", concluyó.
