El municipio puso la lupa en el Tribunal de Faltas y lo que encontró adentro desató un conflicto institucional

Una auditoría de Contaduría General sobre el Tribunal de Faltas de la capital tucumana advirtió "conclusiones sumamente críticas" y al menos cuatro irregularidades en el manejo de expedientes. El informe fue aprobado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) mediante el decreto N° 0311, en respuesta a un pedido de la Secretaría de Gobierno de mayo de 2025.

El análisis, elaborado por la Contaduría General a cargo de Marcelo Albaca, se nutrió de datos de las reparticiones que labran actas de infracción —Tránsito, Catastro e Ingresos Municipales, entre otras— y de los 10 juzgados que integran el órgano. También se cruzó información del Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y del Control de Infracciones Tucumán (CIT).

El número que encendió las alarmas

Uno de los hallazgos más contundentes es la acumulación histórica de causas sin juzgar entre 2019 y 2023. Según el escrito, "la auditoría constató que sobre un total de 406.355 causas, existen 319.264 causas (el 78,57%) que permanecen en el sistema sin resolución dictada por los señores jueces de Faltas".

El DEM también señaló irregularidades "sustanciales" en la prescripción de causas. En algunos casos se detectaron demoras entre la fecha de la infracción y su carga al sistema; en otros, no se cumplieron los plazos para ordenar la caducidad; y en varios ni siquiera aparecieron los expedientes físicos ni las actuaciones completas.

Problemas de cobro y carga

La auditoría sumó deficiencias en la gestión de cobro judicial y distorsiones operativas. De acuerdo con el decreto que aprueba el informe, existen trabas normativas y sistémicas para remitir causas a la Fiscalía Municipal, falta de códigos propios para reparticiones clave y una administración precaria de talonarios en dependencias como Arbolado.

El texto pone como ejemplo que el Centro de Monitoreo labró más de 13.000 actas en 2024 que terminaron cargadas erróneamente.

Para el municipio, la omisión en la carga de actas, la pérdida de expedientes y la falta de seguimiento configuran una violación manifiesta a los deberes del Estatuto para el Personal Municipal. El decreto sugiere que los datos "se encuadrarían dentro de las causales de negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función" y menciona el Régimen Disciplinario: el artículo 28, incisos g) y m), fija como causal de cesantía el incumplimiento grave de obligaciones y las faltas reiteradas en la conservación de documentación, mientras que el artículo 29 prevé la exoneración ante faltas graves que perjudiquen materialmente a la Municipalidad.

Según la Ordenanza N° 895/68, las sanciones mayores exigen la previa instrucción de un sumario administrativo. La remoción de los jueces de Faltas, aclara el escrito, "sólo puede disponerse previo juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento".

El conflicto que se desató

La medida ya había generado cuestionamientos dentro del propio Tribunal. Su presidente, Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, presentó un requerimiento institucional formal ante la intendenta y calificó la disposición como una "represalia" judicial. Advirtió que el accionar podría exceder la irregularidad administrativa y encuadrar en figuras penales como "el abuso de autoridad, la coacción y el incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Finalmente, el municipio dio de baja esa última resolución y sostuvo que el tema "requiere un más amplio debate que garantice el derecho a ser oídos de los agentes cuyos derechos subjetivos puedan verse afectados, por lo que resulta preciso un más amplio debate sobre la cuestión salarial".

El informe de auditoría fue elevado para implementar planes de gestión que reviertan los parámetros alcanzados y deslindar responsabilidades. El expediente quedó en manos de la Fiscalía Municipal, encabezada por Conrado Mosqueira, para que avance con el análisis de las actuaciones administrativas "atento a las graves omisiones e incumplimientos" detectados.