El municipio va por Uber y DiDi: qué pasará con los choferes que no se anoten

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un paso más en su pulseada con las aplicaciones de transporte: abrió un expediente administrativo e intimó a Uber y DiDi por incumplir las normas que regulan la actividad en la capital. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que se evalúan sanciones económicas porque ninguna de las dos firmas constituyó domicilio fiscal en la ciudad ni presentó la actualización mensual del padrón de conductores y vehículos.

La única que cumplió fue Cabify. Según informó el funcionario, la empresa presentó la documentación de unos 200 prestadores, lo que la deja en regla frente al nuevo esquema.

El marco legal que desató la disputa

Todo se apoya en las ordenanzas N° 5.483/2025 y N° 5.484/2025, aprobadas por unanimidad en diciembre pasado y que alcanzan tanto a automóviles como a motocicletas. Frente a lo que el Ejecutivo consideró una actitud pasiva de las tecnológicas, se instrumentó el Padrón Municipal Digital mediante la Resolución N° 0033/D.S./2026, que rige desde el 1 de octubre.

El objetivo declarado es supervisar de forma directa a quienes manejan para estas plataformas, sin cobrar cánones ni costos de inscripción. La inscripción se puede hacer a través de Ciudadano Digital (CiDiTuc) o de manera presencial en la Dirección del Sutrappa, y el plazo vence el 30 de noviembre. En las primeras dos semanas, cerca de 400 choferes ya completaron el trámite.

Qué piden para obtener el QR

Para conseguir la identificación con código QR, los aspirantes deben presentar licencia de conducir, certificado de reincidencia, VTV al día y seguro de pasajeros. Además, el vehículo no puede tener más de 13 años de antigüedad.

Arnedo reconoció que todavía no están definidas las sanciones para quienes no se inscriban antes de la fecha límite, pero remarcó que el empadronamiento es obligatorio.

Cruce político en el Concejo

La medida del municipio encendió la interna con el concejal Leandro Argañaraz, que presentó un proyecto para frenar el registro individual de los trabajadores. Su argumento: la ordenanza responsabiliza a las empresas y no a los choferes. También advirtió que la reglamentación reintroduce exigencias que fueron rechazadas durante el debate legislativo y que un dictamen del fiscal municipal no puede modificar una ordenanza.

La respuesta de Arnedo fue dura: calificó los cuestionamientos como "política barata" en un contexto preelectoral. Argañaraz, lejos de retroceder, anticipó que pedirá el tratamiento sobre tablas de su proyecto en la próxima sesión del Concejo Deliberante y no descartó recurrir a otras vías administrativas o judiciales.