El negocio del cobre robado en San Juan: más de 32 mil kilos secuestrados en tres meses
El robo de cobre en San Juan dejó un secuestro récord: más de 32 mil kilos en tres meses. ¿Qué controles se aplican para frenar este delito?
En los últimos tres meses, la Policía de San Juan incautó entre 32.000 y 33.000 kilos de cobre, un metal que en el mercado negro movió alrededor de $100 millones. La cifra fue confirmada por el comisario Guillermo Gelvez, jefe de Leyes Especiales, en diálogo con Jorge por la Mañana.
El funcionario detalló que, ante el aumento de robos de cables del tendido eléctrico, se intensificaron los controles en chacaritas y recuperadoras de toda la provincia. El objetivo es cortar la cadena delictiva que alimenta este negocio ilegal.
¿Cómo trabajan los inspectores?
Gelvez explicó que los operativos comienzan con la intervención de los juzgados de falta. "Se trabaja en primera instancia con los juzgados de falta, se constatan esos pormenores y si hay metal ferroso o no ferroso se procede al secuestro preventivo", señaló.
Los materiales quedan retenidos hasta que los dueños demuestren su origen legal. Si hay sospechas de ilícito, el caso pasa al Ministerio Público Fiscal para una investigación más profunda.
La caza de los "cortadores" de cables
Los procedimientos no se limitan a los comercios. La fuerza ya tiene identificadas a personas que se dedican a arrancar el tendido público, muchas veces arriesgando su vida. Estos sujetos suelen ser captados por cámaras de seguridad o vecinos mientras extraen el material.
Además, Gelvez recordó que las chacaritas deben cumplir con habilitaciones que van más allá del permiso municipal. Es obligatoria la certificación de bomberos, debido a la acumulación de elementos inflamables como cartón, y también las autorizaciones de salud pública e infraestructura.
Registro obligatorio: la clave para frenar el delito
La normativa exige que los dueños de estos locales mantengan un registro actualizado de entrada y salida de metales. Ese libro debe incluir datos personales y fotocopias de los documentos de quienes venden el material.
Con esta trazabilidad estricta, las autoridades buscan desarticular un negocio que perjudica directamente los servicios públicos de la provincia.
