El Nene contra las cuerdas: la empresa de colectivos desafía al Estado y pide que no le saquen las unidades

La firma catamarqueña El Nene S.R.L. no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso para frenar la baja de sus colectivos. La empresa apuntó directamente contra el Estado provincial y nacional, a quienes acusa de no pagar los subsidios en tiempo y forma.

La medida que intenta revertir es la Resolución N.º 2026-71-E-CAT-STKMIRLT, emitida el 7 de agosto por la Secretaría de Transporte de la Provincia. En esa resolución, la autoridad ordenó dar de baja las unidades que superan la antigüedad máxima permitida, pero la empresa sostiene que no puede renovar la flota porque el Estado no le transfiere los fondos comprometidos.

¿Qué argumenta la empresa en su descargo?

En el escrito presentado ante la Secretaría de Transporte, la transportista calificó la decisión como "sesgada" y detalló un extenso historial de demoras en los pagos. Según la empresa, las demoras superan los dos meses consecutivos y afectan a partidas clave como el subsidio provincial, el Boleto Estudiantil Gratuito y los fondos nacionales del SISTAU/Nación, acumulados durante 2025 y parte de 2026.

Además, la firma señaló que el atraso en las acreditaciones, sumado a la inflación, generó un costo financiero que las empresas debieron absorber sin compensación estatal. También mencionaron la desactualización del valor del boleto, la caída de pasajeros tras la pandemia y el impacto de las aplicaciones de transporte en el sistema.

En un pasaje de la presentación, la empresa lanzó una dura crítica: "El Estado no puede exigir el cumplimiento de aquello que no cumplió. No puede exigirnos la renovación de unidades si no paga lo que corresponde en tiempo y forma". Con estas palabras, apelaron al principio jurídico de exceptio non adimpleti contractus, es decir, la excepción de contrato no cumplido.

¿Qué pide El Nene para seguir operando?

La empresa solicitó formalmente que se suspenda la resolución y que se le otorgue una prórroga para mantener operativas las unidades modelos 2009, 2010 y 2011. La condición es que, mientras tanto, el Estado regularice las deudas pendientes, transparente los criterios de liquidación del subsidio provincial y restablezca la ecuación económica del servicio.

La preocupación también llegó al gremio de los choferes. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresaron su inquietud por el impacto que esta medida podría tener en la continuidad de los servicios y en la estabilidad de las fuentes de trabajo.