El nombre y la cara de un vecino en Facebook: el escrache que crece en Comodoro y la letra chica que casi nadie conoce

En Comodoro crecen los escraches en Facebook: fotos, nombres y acusaciones que circulan sin filtro. La Justicia tiene herramientas para quien fue señalado, pero hay un obstáculo que casi nadie menciona y que puede dejarlo sin respuesta.

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El nombre y la cara de un vecino en Facebook: el escrache que crece en Comodoro y la letra chica que casi nadie conoce
El nombre y la cara de un vecino en Facebook: el escrache que crece en Comodoro y la letra chica que casi nadie conoce

Una publicación con foto, nombre y apellido. Una acusación. Cientos de usuarios que miran, comentan y comparten. En cuestión de minutos, el contenido se viraliza y, aunque el autor lo borre, las capturas de pantalla siguen circulando por otros grupos y conversaciones privadas. En Comodoro Rivadavia, este tipo de publicaciones creció en los últimos tres o cuatro meses, principalmente en Facebook, y expone a vecinos por las situaciones más diversas.

Hay escraches por supuestos robos, hurtos y estafas. También aparecen acusaciones por hechos de violencia o abuso. Pero el fenómeno no se limita a situaciones que podrían constituir delitos: cada vez son más frecuentes las publicaciones para ventilar conflictos de pareja, infidelidades, disputas familiares, cuestionamientos de paternidad y otras circunstancias que pertenecen a la intimidad.

Incluso hay publicaciones dirigidas contra mujeres, cuyos rostros, nombres y apellidos quedan expuestos junto a acusaciones por supuestas infidelidades o por la presunta venta de contenido sexual por internet.

Anonimato: acusar sin mostrar la cara

Uno de los aspectos que más complejidad genera es la posibilidad de publicar de manera anónima en determinados espacios de Facebook o a través de perfiles cuya verdadera identidad no es fácil de comprobar. Así aparece una desigualdad entre las partes.

Quien publica puede permanecer bajo un pseudónimo. La persona acusada, en cambio, puede quedar completamente identificada: nombre, apellido, fotografía, lugar de trabajo, vínculos familiares e incluso imágenes de hijos o parejas. El impacto es inmediato y, a partir de las capturas, eliminar la publicación original no detiene su circulación.

Calumnias e injurias: qué dice la Justicia

La fiscal de Comodoro Rivadavia María Laura Blanco explicó que cada caso debe analizarse según sus características, aunque determinados escraches pueden encuadrar dentro de los delitos contra el honor.

“Desde el tipo de reproche penal, hay que ver cada caso, pero suelen cuadrar como una injuria o una calumnia”, dijo en diálogo con ADNSUR.

“Si te acusan de un delito que no cometiste, como podrían ser escraches por estafas o robos, se trata de una calumnia. Por otro lado, cuando se trata de insultar a alguien, denigrarlo, se trata de una injuria. Se llaman también delitos difamatorios”, señaló Blanco.

El Código Penal argentino establece que la calumnia consiste en la falsa imputación a una persona determinada de haber cometido un delito concreto de acción pública. La injuria, en cambio, contempla a quien intencionalmente deshonra o desacredita a otra persona. La normativa también prevé excepciones, entre ellas las expresiones referidas a asuntos de interés público.

No todo comentario negativo, cuestionamiento o publicación crítica constituye automáticamente una calumnia o una injuria. Para determinarlo hay que analizar las expresiones concretas, el contexto y las demás circunstancias del caso.

¿Dónde se denuncia un escrache?

“Lo que tienen este tipo de delitos es que son exclusivamente de instancia privada. La Fiscalía no puede intervenir en ese tipo de delitos, sino que la persona damnificada debe ir con un abogado y presentarse como querellante”, explicó Blanco.

En términos jurídicos, calumnias e injurias son delitos de acción privada, según el artículo 73 del Código Penal. Es el propio damnificado quien debe impulsar la acción mediante una querella y con asistencia letrada.

“Ahí, para la investigación, se formula la querella con el abogado particular. Vendría a ser como una acusación. Y tienen que pedir a un juez que autorice medidas de investigación”, detalló la fiscal.

Las penas previstas actualmente para ambas figuras son multas y no penas de prisión.

¿Y si la publicación fue anónima? Ahí aparece uno de los principales problemas. Una persona puede ver su rostro y su nombre circulando en Facebook y desconocer quién está detrás. En ese escenario, una de las medidas posibles es pedirle a la red social que informe la identidad del autor.

“En el caso de las redes sociales, pedirle a Facebook, por ejemplo, que informe la identidad de las personas que hacen la publicación”, ejemplificó Blanco. Sin embargo, que un juez ordene la medida no garantiza obtener la información.

“Lo cierto es que es difícil investigar porque Facebook no contesta todos los oficios judiciales. Por ahí, si son casos graves como homicidios o abusos sexuales sí, pero con causas de este tipo generalmente no responden”, explicó.

“Las medidas de investigación son difíciles, más allá de que el juez da auxilio a la querella instruyendo medidas de investigación. Las redes son muy complejas con estas cosas”, resumió la fiscal.

Cuando el daño sale de Facebook y llega al trabajo

Las consecuencias no terminan necesariamente en la causa penal. Un escrache puede golpear la vida cotidiana de la persona señalada: si la acusación llega a su ámbito laboral, puede perder clientes o dejar de ser contratada.

“Si además por causa de ese escrache tuviste un perjuicio económico porque perdiste el trabajo o dejaron de contratarte, ya se avanza con una causa civil, por el dinero que dejaste de ganar a causa de esto”, explicó Blanco.

Frente a una misma publicación pueden aparecer distintas discusiones jurídicas: una cosa es la eventual calumnia o injuria y otra, el perjuicio económico o de otra naturaleza que la difusión haya provocado.

De acusar a pedir que ataquen a una persona

Existe un límite especialmente delicado: cuando una publicación no solo expone a alguien, sino que busca que otras personas actúen contra quien está siendo señalado.

Otro fiscal con amplia experiencia en la administración de Justicia explicó que, según las circunstancias concretas, podría analizarse otra figura penal: la instigación a cometer delitos.

“Esto pasa cuando en un medio público o red social se escracha a una persona y se incita al resto de las personas a cometer actos de vandalismo contra esa persona o contra su propiedad”, explicó.

El artículo 209 del Código Penal contempla una pena de dos a seis años de prisión para quien públicamente instigue a cometer un delito determinado contra una persona o institución, graduada según la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

No cualquier comentario agresivo debajo de un escrache configura automáticamente una instigación: deben reunirse los requisitos legales y analizarse el contenido y las circunstancias de cada publicación. Pero marca una diferencia importante entre exponer a alguien y llamar públicamente a cometer un delito contra esa persona.

El escrache no reemplaza la denuncia

Cuando una persona denuncia formalmente un delito se activa un sistema institucional destinado a determinar qué ocurrió: autoridades que investigan, producción de pruebas, derecho de defensa y, eventualmente, una decisión judicial. Una publicación en una red social no atraviesa ninguno de esos filtros antes de llegar al público.

La acusación aparece primero y la discusión sobre su veracidad llega después. Eso es particularmente sensible cuando lo que se atribuye son delitos graves, porque para los usuarios es difícil saber si detrás de lo escrito existe una denuncia judicial, una investigación en curso, una sentencia o solamente la versión de quien publicó.

La velocidad de las redes también juega su propio papel. Para cuando la persona expuesta consigue responder, desmentir o intentar eliminar la publicación, el contenido puede haber sido visto y compartido cientos de veces.

Y hay otra característica propia de internet: la permanencia. Borrar una publicación no significa borrar sus consecuencias. Las capturas pueden quedar guardadas en teléfonos, conversaciones privadas y otros grupos, y volver a publicarse meses después o aparecer cada vez que alguien busca información sobre determinada persona.

En Comodoro, el crecimiento de este tipo de contenidos durante los últimos meses vuelve a poner sobre la mesa una discusión que combina redes sociales, privacidad, reputación y Justicia. Las herramientas legales existen, aunque el camino puede ser complejo, especialmente cuando quien publicó permanece en el anonimato. Mientras tanto, las redes siguen funcionando a una velocidad muy diferente de la Justicia.

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