El nuevo Código Urbano de la capital: las claves que definen el futuro de la ciudad

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se convirtió en el escenario de un debate clave para el futuro de la ciudad. Durante las audiencias públicas, especialistas en urbanismo, funcionarios provinciales y municipales expusieron sus propuestas para la reforma del Código de Planeamiento Urbano, un documento que definirá cómo crecerá la capital en los próximos años.

La mirada académica: una ciudad para todos

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT presentó su diagnóstico en el séptimo encuentro participativo, realizado el 30 de julio. Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación y Posgrado, fue la encargada de liderar la exposición.

Según Czytajlo, la actualización de la normativa es una oportunidad única para que el municipio defina de antemano el modelo urbano que desea. En ese sentido, propuso delimitar áreas urbanizables, sectores de desarrollo y espacios a preservar, junto con herramientas de gestión que permitan distribuir equitativamente las cargas y beneficios del crecimiento.

El equipo de la FAU-UNT estructuró su análisis en cuatro dimensiones: urbana, interseccional, ambiental y jurídico-normativa. Uno de los puntos más llamativos fue la identificación de sectores del noroeste capitalino, cercanos al río Salí, como áreas con potencial para la expansión. Sin embargo, los especialistas advirtieron que ese crecimiento debe ir acompañado de infraestructura y servicios para no profundizar las brechas existentes.

“La matriz de desigualdad atraviesa a nuestra ciudad”, sentenció Czytajlo, al reclamar que la planificación contemple las necesidades cotidianas de cuidado y abastecimiento, y no se limite a separar zonas residenciales, laborales y recreativas.

La propuesta académica se organizó en cinco líneas de acción: mejorar la habitabilidad, proteger la identidad y el patrimonio, delimitar áreas de preservación y desarrollo estratégico, promover la combinación de usos y favorecer la revitalización urbana.

El problema de la vivienda: una demanda que no espera

En la octava audiencia, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) puso el foco en el déficit habitacional. Su titular, Hugo Cabral, reveló datos contundentes: hay familias inscriptas desde hace más de una década esperando una vivienda.

Cabral destacó que la vivienda social es parte fundamental de la trama urbana de la capital: de los 323 barrios registrados, 120 fueron construidos por programas estatales, lo que representa el 37,15% del total. Una cifra que, según el funcionario, demuestra la magnitud del problema y la urgencia de un abordaje integral.

El Ipvdu planteó cuatro ejes para enriquecer la reforma. En zonificación, propuso un mapa de barrios con carencias de servicios. En uso del suelo, sugirió ceder temporalmente terrenos baldíos para actividades públicas a cambio de incentivos. También recomendó aplicar recargos a propietarios de inmuebles abandonados y establecer superficies mínimas de suelo vacante para espacios comunitarios.

“Las decisiones urbanísticas deben priorizar el interés colectivo”, remarcó Cabral, al tiempo que reclamó obras de integración sociourbana con ampliación de redes y distribución igualitaria del equipamiento.

El desafío de las inundaciones: un plan para evitar el colapso

El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, cerró el ciclo de exposiciones con un tema crítico: el Plan Director de Desagües Pluviales. Bravo explicó que la gestión de Rossana Chahla recibió un sistema de drenaje con más de 65 años de antigüedad, capacidad insuficiente y sin planificación actualizada.

El relevamiento detectó insuficiencia hidráulica generalizada, puntos críticos con inundaciones recurrentes, infraestructura obsoleta y conexiones cloacales no controladas. Además, se identificó la ocupación de vías naturales de escurrimiento y un diseño urbano históricamente desvinculado de la hidrología.

Otro dato alarmante: el nivel del río Salí descendió al menos tres metros, un cambio que debe tenerse en cuenta al planificar el drenaje. Según un estudio de la comisión de emergencias hídricas creada en abril del año pasado, el 47% del agua superficial de la capital desemboca en el canal Sur, el 40% en el río Salí y el 13% en el arroyo El Manantial.

Para aliviar el canal Sur, el municipio planea derivar parte de los caudales del norte hacia el río Salí. Entre las obras previstas se encuentran la del barrio 360 Viviendas y el colector Norte-Panamá, una infraestructura de 9,2 kilómetros que interceptaría los grandes escurrimientos antes de que lleguen a las zonas bajas.

Bravo confía en que estas intervenciones, actualmente en busca de financiamiento, aportarán una solución estructural a uno de los problemas más graves de la capital tucumana.