El nuevo decreto que complica a las petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno nacional puso en marcha un procedimiento renovado para perseguir y sancionar a las empresas que explotan hidrocarburos en la plataforma marítima cercana a las Islas Malvinas sin el visto bueno de Buenos Aires. La medida, oficializada este viernes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 868/2026, firmado por Javier Milei, apunta a darle más herramientas al Estado para actuar contra esas firmas.

La normativa no crea castigos nuevos: las penalidades ya existen desde la sanción de la Ley 26.659. Lo que hace el decreto es ordenar y acelerar el camino administrativo para poder aplicarlas, algo que hasta ahora resultaba engorroso. En concreto, designa a la Cancillería como autoridad de aplicación, fija plazos para los sumarios y suma exigencias para las compañías que quieran acceder al RIGI o a permisos petroleros en territorio argentino.

Qué sanciones pueden recibir las petroleras y cómo será el procedimiento

La Ley 26.659 prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La prohibición alcanza tanto a quienes operan directamente como a aquellos que tengan participación indirecta o presten servicios vinculados a esas tareas.

Las sanciones vigentes incluyen inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Además, si la empresa infractora tiene concesiones dentro del país, la ley contempla que esas concesiones reviertan al Estado nacional o a las provincias, según el caso.

Con el nuevo esquema, el Ministerio de Relaciones Exteriores queda a cargo de aplicar el régimen. Todos los organismos públicos deberán informar a Cancillería cualquier hecho que pueda constituir una infracción dentro de los cinco días hábiles administrativos desde que tomen conocimiento. A partir de ahí, el área analizará si hay indicios suficientes para abrir un sumario y notificará al presunto infractor, que tendrá 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

Vencido ese plazo o terminada la etapa probatoria, la autoridad dispondrá de otros 10 días hábiles para emitir una resolución fundada. El expediente puede terminar en un archivo o en la aplicación de sanciones. Si se decide castigar, la resolución se publicará en el Boletín Oficial y se notificará a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal.

Qué cambia para acceder al RIGI y a permisos petroleros

El decreto introduce nuevos filtros para las empresas que quieran adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los Vehículos de Proyecto Único deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ni ellos ni sus socios incurren ni incurrirán en conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Además, antes de resolver una solicitud de adhesión al RIGI, será obligatorio que la autoridad de aplicación de esa ley intervenga para determinar si el interesado o alguna persona vinculada realizó actividades alcanzadas por las prohibiciones. El Ejecutivo argumentó que sería contradictorio inhabilitar a una empresa por operar sin autorización argentina y, al mismo tiempo, entregarle beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

La misma exigencia correrá para quienes busquen obtener permisos, concesiones o habilitaciones hidrocarburíferas en el país: deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de la legislación, y si se trata de una sociedad, el requisito se extiende a sus accionistas o partícipes indirectos.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de dar “mayor celeridad, eficacia y coordinación” a las investigaciones, ante lo que considera una intensificación de las actividades ilegales alrededor de las islas. El decreto recuerda que diez empresas ya fueron declaradas “clandestinas” desde la sanción de la ley, y que algunas fueron inhabilitadas.

El nuevo procedimiento comenzará a regir el sábado 5 de septiembre, un día después de la publicación oficial.