El nuevo DNU que modifica la Ley de Migraciones: ¿cuánto hay de xenofobia y cuánto de estrategia política?

El Gobierno nacional volvió a modificar la Ley de Migraciones mediante un DNU que suma una nueva causal de expulsión para extranjeros: difundir mensajes de odio contra la Argentina o sus ciudadanos. La medida, que entró en vigencia el último día de julio, deja sin definir cómo se aplicará y genera un fuerte debate sobre su verdadero alcance.

La decisión se tomó en medio de una supuesta campaña antiargentina en redes sociales, que el oficialismo utilizó como excusa para avanzar con una reforma que muchos consideran un guiño a la xenofobia y un alineamiento con gobiernos de ultraderecha como el de Donald Trump.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Puede una persona ser expulsada por criticar al gobierno o por decir que Argentina es racista? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante un decreto que, para muchos, es una bomba de humo, pero que para otros, es un dispositivo de disciplinamiento social.

El análisis de una especialista

Raisha Correa, abogada peruana e investigadora de movimientos de ultraderecha, integrante del Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas (RADAR), analizó el decreto en diálogo con este medio. Ella misma duda en dar su nombre completo por su condición de migrante, lo que refleja el clima de incertidumbre que genera la medida.

Para Correa, el decreto no puede analizarse de forma aislada: "Forma parte de un conjunto de medidas que amplían las herramientas de vigilancia y de control, sobre todo contra los cuerpos racializados".

Además, cuestiona la existencia de una coordinación centralizada detrás de la supuesta campaña antiargentina. En su lugar, señala que las redes sociales tienen una lógica económica que premia el contenido que genera más interacción, y que las "milicias libertarias" supieron capitalizar esa dinámica.

¿El racismo como consenso social?

La investigadora advierte que la discusión sobre el racismo quedó desdibujada por la idea de que Argentina es un país hospitalario y abierto. "De la noche a la mañana pareció borrarse el conflicto con la presencia migrante", sostiene, y agrega que surgieron viejas consignas xenófobas: arancelar la universidad y la salud, prohibir opinar sobre un país que no es nuestro, e invitar a los migrantes a volverse a sus países.

Correa señala que existe un consenso social sobre la cuestión migrante que casi nadie quiere reconocer. En los comentarios de redes, encontró personas de todos los espacios políticos negando la existencia de racismo en Argentina. "No era un discurso exclusivo de la extrema derecha", aclara.

El decreto como disciplinamiento

Para la investigadora, el DNU 681/2026 no es "solo humo". "Actúa como dispositivo de disciplinamiento sobre los migrantes y también sobre las personas argentinas racializadas que muchas veces son extranjerizadas", explica.

La falta de definición sobre qué se considera "discurso de odio" es uno de los puntos más preocupantes. "¿Decir que la Argentina es un país racista puede convertirse en un discurso de odio?", se pregunta, y subraya que el problema no es solo jurídico, sino político.

Correa recuerda que antes de este decreto, ya se veían cuentas libertarias haciendo doxeo de migrantes que criticaban al país. "El problema no es solamente qué capacidad técnica tiene el Estado para monitorear redes, sino el efecto disciplinador que produce saber que cualquier publicación puede ser utilizada en tu contra", afirma.

Y concluye con una advertencia: aun cuando el decreto nunca se aplique masivamente, ya produce un efecto concreto: "muchas personas podrían empezar a callarse en lugar de hablar".