El nuevo expediente que definirá el futuro de Urribarri en prisión

La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, confirmó que la causa de Sergio Urribarri aún no llegó a su juzgado porque el Tribunal de Juicio y Apelaciones todavía no firmó el cómputo definitivo de la condena a ocho años de prisión. En diálogo con Elonce, detalló los pasos que seguirán y aclaró que cumplir 70 años no le garantiza al exgobernador salir en forma automática a prisión domiciliaria.

Urribarri está alojado en la Unidad Penal N°1 desde que la sentencia quedó firme, pero el expediente que debe habilitar la etapa de ejecución aún está en manos del tribunal que lo condenó. "La situación sigue siendo la misma desde el fin de semana. Urribarri está alojado en la Unidad Penal N°1 y todavía estamos esperando que quede firme el cómputo", explicó Bértora.

Cuándo intervendrá el juzgado

Una vez que el Tribunal de Juicio y Apelaciones confirme el cálculo y las partes no lo impugnen, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Ejecución mediante el sistema de mesa virtual del Poder Judicial. "Cuando ellos se desprendan de la jurisdicción, la causa pasará al Juzgado de Ejecución. Se le dará ingreso con otro número porque se genera un nuevo expediente: es una nueva etapa", señaló la magistrada.

Desde ese momento, Bértora tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de la pena. Su primera tarea será analizar el cómputo para determinar cuánto tiempo estuvo detenido antes de la condena y establecer la fecha exacta en que se completarán los ocho años. Sin embargo, evitó anticipar ese día: "No puedo decir qué día cumplirá completamente la condena porque todavía no tengo ninguna documentación".

La primera audiencia con el condenado

Cuando el expediente llegue a su juzgado, Bértora tendrá un plazo de 30 días hábiles para fijar una audiencia de conocimiento con Urribarri. Se trata de un trámite de rigor que se aplica en todas las causas, independientemente de la exposición pública del detenido.

En esa audiencia se relevarán la composición familiar, la educación alcanzada, las condiciones de salud y las visitas que recibe el interno. También se analizará si quiere incorporarse a la escuela, realizar capacitaciones, acceder a un trabajo o comenzar tratamientos psicológicos o por consumos problemáticos. "Son trámites de rigor, los mismos que hacemos en todos los casos", detalló.

Salidas: cuándo se pueden pedir

Las salidas sociofamiliares y sociolaborales solo pueden solicitarse cuando se cumple la mitad de la condena. Ese requisito temporal, sin embargo, no implica que el beneficio se conceda automáticamente. "La ley dice que las salidas pueden darse a partir de la mitad de la condena. En ese momento se cumple el requisito temporal para solicitarlas, pero eso no quiere decir que se otorguen", remarcó Bértora.

Para resolver cada pedido, los equipos técnicos de la unidad penal y del juzgado evalúan el domicilio al que concurrirá el interno, las condiciones de la vivienda y la persona que actuará como referente. También analizan su evolución personal, la capacidad de reflexión, la autocrítica frente al delito, la participación en actividades educativas o laborales y la conducta dentro del penal.

El requisito de conducta

Bértora explicó que el interno debe tener buenas calificaciones en concepto y conducta para que su solicitud sea examinada. "Tiene que existir una evolución personal y una reflexión. También se analiza si se incorporó a las actividades y, claramente, debe tener buena conducta", afirmó. En el caso de Urribarri, esos plazos recién podrán determinarse cuando quede firme el cómputo.

Cumplir 70 años no alcanza

Otro de los puntos que generó debate es la posibilidad de que Urribarri pida prisión domiciliaria al llegar a los 70 años. Actualmente tiene 67, y Bértora aclaró que la edad no obliga al juez a conceder el beneficio. Tanto el Código Penal como la Ley N°24.660 establecen que el magistrado "podrá" otorgarlo, lo que deja margen para analizar cada caso.

"Es un tema bastante controvertido porque la ley dice 'podrá'. Algunos juzgados entienden que solamente tener 70 años no alcanza y preguntan qué otras condiciones hacen que esa persona no pueda cumplir la pena dentro de la cárcel", explicó. La jueza admitió que no hay una posición uniforme en la doctrina ni en la jurisprudencia, y recordó un caso reciente de Gualeguaychú con una persona mayor de 70 años que llegó al Superior Tribunal de Justicia.

Cómo se controla una domiciliaria

Si se concediera el arresto domiciliario, Urribarri quedaría bajo supervisión. Según Bértora, aproximadamente el 95% de las personas con ese beneficio usan tobillera electrónica, salvo que tengan problemas de salud que impidan colocarla o vivan en zonas sin señal para el monitoreo.

Además interviene el Patronato de Liberados, que concurre periódicamente al domicilio para verificar las condiciones del cumplimiento. La magistrada advirtió que ese organismo "está disminuido en cantidad de personal y en sus posibilidades de atención", y que "no está dando abasto" ante el aumento de la población que debe supervisar.

Para acceder a la domiciliaria también se exige un garante, una persona cercana al condenado que se comprometa a informar cualquier incumplimiento. Si oculta una transgresión, puede ser apartado y reemplazado, e incluso podría evaluarse otro domicilio. Mientras se analiza una irregularidad, el detenido puede volver a la unidad penal. "La prisión domiciliaria no es el modo normal de cumplir una condena. El modo normal es dentro de la unidad penal asignada", enfatizó Bértora.

La jueza concluyó que esa modalidad es una forma atenuada prevista para situaciones específicas, como problemas de salud, embarazos, personas con hijos menores o discapacitados a cargo y mayores de 70 años. "Quien recibe esta modalidad debe honrarla cumpliendo las normas de conducta. Se busca conocer qué grado de acatamiento tiene y si avanza en su resocialización, aun estando privado de su libertad en un domicilio", cerró.