El nuevo frente que abrió Lanesan Sancho por los fondos de los municipios

La diputada nacional por Santa Cruz, Moira Lanesan Sancho, movió el tablero político al presentar en el Congreso un proyecto que busca frenar al Gobierno provincial en su avance sobre los fondos municipales. La pulseada por la Caja de Previsión Social tiene ahora un nuevo capítulo con sello legislativo.

La iniciativa, radicada en la Cámara de Diputados de la Nación, apunta a que el cuerpo exhorte al Ejecutivo santacruceño a no tocar la coparticipación de las comunas mientras la Justicia no se expida de manera definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó la Municipalidad de Río Gallegos.

El trasfondo del conflicto

El reclamo llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz dejara sin efecto una cautelar que impedía la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial 1.782. Esa norma habilita a la Caja de Previsión Social a retener fondos coparticipables para cobrar deudas previsionales de los organismos que integran el sistema.

Pero la discusión de fondo sigue abierta: qué tan constitucional es ese mecanismo y si puede aplicarse sobre los recursos que reciben los municipios. Esa es la madre de la batalla judicial.

Qué pide exactamente el proyecto

El texto presentado por Lanesan Sancho solicita al Gobierno de Santa Cruz que se abstenga de efectuar retenciones sobre la coparticipación municipal hasta que exista una sentencia firme en la causa. Además, insta a buscar una solución estructural y consensuada que garantice la sustentabilidad del sistema previsional sin afectar, según la legisladora, la autonomía económica y financiera de los municipios.

La iniciativa también prevé comunicar la resolución al Poder Ejecutivo provincial, al Tribunal Superior de Justicia, a la Municipalidad de Río Gallegos y al resto de los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.

El argumento de la autonomía municipal

En los fundamentos, la diputada sostiene que esta controversia va más allá de lo previsional y toca la autonomía económica y financiera de los municipios, un principio reconocido por la Constitución Nacional. Quien fuera parte de la gestión de Pablo Grasso en Río Gallegos también marcó una diferencia: el reclamo no es exclusivo de esa ciudad, sino que podría alcanzar a todos los gobiernos locales de la provincia.

Con este movimiento, la legisladora traslada al Congreso Nacional un debate que hasta ahora se dirimía entre el Ejecutivo provincial, los municipios y la Justicia santacruceña. La coparticipación y el financiamiento del sistema previsional son los ejes de una pelea que recién empieza.