El nuevo planteo de la defensa de Galán que podría frenar el desafuero

La Cámara de Apelaciones tiene en sus manos el futuro judicial del legislador Javier Galán, acusado de abuso sexual. La defensa presentó impugnaciones que la querella califica como maniobras dilatorias para evitar un dictamen que podría habilitar su desafuero.

Silvia Barrientos, abogada querellante, dialogó con La Isla FM 107.9 y eldiariodecatamarca.com.ar, y fue tajante: "Sostengo que son actos dilatorios para demorar los dictámenes que ya tenía listos la judicatura para un posible desafuero, a fin de que Galán pueda ser investigado. Esto es más de lo mismo".

¿Qué argumenta la defensa?

La estrategia de los abogados del legislador se centra en el supuesto vencimiento de los plazos de la investigación. Sostienen que ya pasaron dos meses, pero Barrientos aclara que esos plazos son orientativos, no obligatorios.

"La misma ley establece que la investigación se practicará 'en la medida de lo posible' dentro de los 60 días. En ese lapso no solo influyen los feriados o días inhábiles, sino también la incorporación de nuevas denuncias y la realización de múltiples diligencias probatorias", explicó.

La prueba que la defensa cuestiona

Otro punto de conflicto son las pericias denegadas. La primera denunciante presentó más de 40 fojas con transcripciones de chats y mensajes. Para corroborar su autenticidad, la víctima llevó su teléfono al Laboratorio Satélite Informático del Poder Judicial, donde incluso estuvo presente un perito informático propuesto por Galán.

La querella rechaza los intentos de la defensa de indagar en la vida privada o antecedentes médicos de las denunciantes. Barrientos subrayó que las pericias psiquiátricas y psicológicas previstas por ley ya se realizaron con la participación de los peritos de cada parte.

¿Cuándo se define?

La causa acumula al menos cinco denuncias, tres de ellas patrocinadas por Barrientos y su colega Jaime Morales. El próximo 1 de septiembre, la Cámara de Apelaciones resolverá los recursos presentados. Si confirma lo actuado, se allanará el camino para el desafuero y la investigación penal avanzará sobre el legislador.

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