El nuevo régimen penal juvenil que revoluciona la justicia: ¿están preparados los fiscales?

El próximo 5 de septiembre, la provincia de Entre Ríos se enfrentará a un cambio histórico en su sistema judicial: entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. La Procuración ya aprobó un protocolo para que los fiscales sepan cómo actuar, pero la falta de especialización genera dudas.

¿Qué cambia con la Ley 27.801?

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo, reemplaza a la normativa 22.278, vigente desde 1980. La reforma establece que los adolescentes de 14 años en adelante serán penalmente responsables por delitos del Código Penal, sin distinción de gravedad.

Según la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, “hasta el 5 de septiembre estamos regidos por una ley bastante antigua, de la época del Proceso”. Con la nueva norma, las penas podrán imponerse al momento de la sentencia, sin esperar a que el joven cumpla 18 años.

El protocolo en Entre Ríos

El procurador Jorge García dio luz verde a un protocolo elaborado por Goyeneche para guiar a los fiscales. La medida surge ante la falta de estructura: solo hay dos fiscales especializados en menores en Paraná y un juez, mientras que el resto de la provincia carece de especialistas.

“La ley establece que tiene que haber todo un sistema de operadores, fiscales, defensores, jueces especializados, en la Provincia esto no se ha dado”, advirtió Goyeneche en Radio Plaza 94.7.

¿Qué delitos se investigarán?

El protocolo define criterios para que los fiscales decidan qué causas priorizar. Por ejemplo, hurtos menores o daños en la vía pública, que antes eran punibles desde los 18 años, ahora podrían llegar a la justicia desde los 14. “Tendríamos que encontrar un justificativo muy fuerte para aplicar una pena”, sostuvo la funcionaria, ante el posible aumento exponencial de causas.

Los 10 puntos clave de la reforma

- Imputabilidad desde los 14 años.
- Derogación de la Ley 22.278.
- Entrada en vigencia a los 180 días.
- Enfoque en educación y reinserción.
- Sanciones alternativas: servicios comunitarios, monitoreo electrónico, tratamientos.
- Prisión como último recurso, en domicilio o institutos.
- Prohibición de prisión perpetua; máximo 15 años.
- Mediación penal juvenil voluntaria.
- Probation para delitos menores.
- Reserva de identidad del adolescente.

Además, los menores no podrán compartir celdas con adultos, y los centros deberán tener personal capacitado. La norma invita a las provincias a adaptar sus legislaciones, con supervisión del Poder Ejecutivo nacional.

El desafío es enorme: ¿estará lista la justicia entrerriana para este nuevo escenario? Los próximos meses serán clave.