El nuevo régimen penal juvenil ya rige en Chaco y enciende una alerta en el Comité contra la Tortura

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya está en marcha en todo el país y en Chaco abre un escenario inédito para los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y el desafío, según advirtió el comisionado del Comité contra la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, no pasa solo por sumar chicos más jóvenes al sistema penal, sino por las condiciones reales con las que la provincia deberá aplicarlo.

En diálogo con CIUDAD TV, Sotelo puso el foco en un riesgo concreto: que el incremento de detenciones traslade al fuero juvenil el hacinamiento que ya sufre el sistema penitenciario de adultos. "Ya los adultos están en una situación de hacinamiento", recordó.

Especialización, la clave que exige la ley

El artículo 38 de la norma nacional establece que los procesos penales, el control de las medidas y la ejecución de las sanciones deben quedar en manos de jueces, fiscales, defensores y organismos con capacitación específica en materia penal juvenil. También fija que los agentes de los institutos especializados trabajen con adolescentes y no intervengan con adultos privados de libertad.

"Debemos tener en cuenta diversos criterios normativos y convencionales", sostuvo Sotelo, y mencionó como marco la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y otros estándares internacionales de justicia penal juvenil.

En ese punto destacó la Ley provincial 2951-N, que regula el proceso penal para adolescentes y contempla mecanismos como la mediación penal juvenil. "Chaco, con esta ley vigente, tiene un proceso penal aplicable a adolescentes que es una ley de vanguardia", afirmó. Igual, aclaró que la implementación de la nueva legislación nacional genera interrogantes, sobre todo alrededor de las medidas de privación de libertad.

Qué pasa con los adolescentes condenados

La Ley 27.801 no plantea la privación de libertad como única respuesta: contempla medidas y penas alternativas y, dentro de las privativas, modalidades como el cumplimiento en domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. Además, prohíbe el contacto entre adolescentes y personas adultas detenidas y exige establecimientos adecuados, con personal capacitado y criterios que contemplen la edad, las características personales y la salud de los alojados.

Hoy el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas funciona como lugar de alojamiento preventivo, con un equipo interdisciplinario de operadores convivenciales, trabajadores sociales y psicólogos. Pero, según Sotelo, está pensado para adolescentes sometidos a proceso y todavía no se produjo una condena bajo el nuevo régimen nacional. El eventual alojamiento de condenados deberá darse en un ámbito diferenciado y con un tratamiento específico respecto del que reciben los adultos.

La propia ley lo marca: "La detención se debe orientar a la educación, formación, resocialización y reinserción social del adolescente". También exige asistencia médica y psicológica especializada y actividades educativas, laborales, deportivas y culturales durante la privación de libertad.

El fantasma de que el sistema quede chico

Las estadísticas que maneja el sistema ubican entre 10 y 18 adolescentes alojados en Tres Horquetas. Con esos números, Sotelo sostuvo que hoy no hay un escenario de alta ocupación permanente, pero advirtió que la situación podría cambiar si aumentan de manera significativa las detenciones.

La advertencia coincide con la que días atrás hizo el procurador general Jorge Canteros, quien señaló que el establecimiento para adolescentes de Presidencia Roque Sáenz Peña tiene 26 plazas y que, ante una aplicación rígida de la nueva legislación, esa capacidad podría completarse rápidamente. Canteros también remarcó que la privación de libertad debe ser el último recurso.

Sotelo sumó otras dos preocupaciones: la necesidad de espacios suficientes para mujeres y, sobre todo, garantizar que adolescentes de distintas edades no terminen alojados indiscriminadamente en un mismo lugar. "Una de las principales cuestiones que obviamente vamos a monitorear desde el Comité" será, dijo, la separación por edades, junto con los criterios de intervención y el abordaje interdisciplinario.

La detención como última instancia

En el régimen chaqueño, los adolescentes no pueden permanecer más de 12 horas alojados en una comisaría y deben estar separados de los adultos. En ese lapso intervienen los organismos judiciales, la defensa, el Ministerio Público y la asesoría de niños, niñas y adolescentes, y la legislación provincial prevé mecanismos para la intervención de los progenitores o referentes responsables. La prohibición del alojamiento prolongado en comisarías fue remarcada también por la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia Vilma Almirón.

Para los casos graves con medida de alojamiento preventivo, el destino actual es Tres Horquetas, por un plazo de tres meses prorrogable por otro similar. El escenario cambia cuando existe una condena: allí entra en discusión qué infraestructura se usará para cumplir las sanciones privativas de libertad.

El cruce por los pedidos de juicio político

Consultado por los pedidos de juicio político contra magistradas que dictaron resoluciones vinculadas con el nuevo régimen, Sotelo coincidió con la postura de una de las juezas: cuando hay desacuerdo con una decisión judicial, la vía es la apelación y no el juicio político.

"Todos los fallos son revisables, todas las conductas pueden reverse, pueden analizarse desde otra perspectiva", sostuvo. Para el comisionado, las herramientas disciplinarias y políticas deberían reservarse para situaciones de mayor gravedad y no usarse para cuestionar el contenido de un fallo.

El desafío inmediato del Chaco, según Sotelo, será sostener el esquema de especialidad que ya contempla su legislación provincial y evitar que una expansión del número de adolescentes privados de libertad desborde una infraestructura que, reconoció, hoy es limitada. "Si esto escala a mayores cantidades de detenciones", advirtió, "las tendencias podrían dispararse en forma negativa".