Pullaro envió a la Legislatura un paquete de leyes de seguridad y ya avisó que mandará más. Lo que se propone cambia cómo actúa la Policía en la calle y qué pasa con las causas: hay un punto que ya despertó las críticas de los penalistas.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió a respaldar el paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura y dejó en claro que no piensa frenar: anticipó que mandará más iniciativas y rechazó de plano las objeciones por una supuesta inconstitucionalidad. Lo hizo durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios, en la ciudad de Santa Fe.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, sostuvo el mandatario, y adelantó: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”.
La comparación que usó para defender el rumbo
Para respaldar su política de seguridad, Pullaro apeló a una comparación con cifras concretas. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, afirmó.
Sin embargo, el gobernador aclaró que la baja de la violencia no implica que el problema esté resuelto: “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, advirtió, aunque señaló que en la actualidad están “contenidas” por el Estado.
Qué incluye el paquete de leyes
Las iniciativas que llegaron a la Legislatura modifican facultades policiales y judiciales, suman herramientas de investigación y prevén medidas de intervención ante distintas situaciones delictivas.
Entre los puntos más discutidos aparece la posibilidad de allanamientos sin orden judicial cuando hay tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública y existen indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.
El paquete también habilita a la Policía a interrogar a sospechosos y a los fiscales a entrevistar a personas vinculadas con un hecho antes de que se concrete una imputación. A eso se suman los juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados, los decretos penales para casos de penas leves con pruebas contundentes y la creación de zonas de intervención policial especial cuando la criminalidad crece de manera sostenida.
Además, el proyecto contempla el derribo de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales, amplía las facultades de inteligencia y modifica el programa de recompensas.
El rol de las cárceles y el reconocimiento a las fuerzas
Al defender las medidas, Pullaro puso el foco en la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en especial la destinada a presos de alto perfil. Recordó que antes de su llegada al gobierno algunos detenidos podían dar órdenes desde la cárcel para cometer homicidios, extorsiones y robos.
En ese marco, destacó la tarea de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario: “Esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial le trajeron paz y orden a la provincia”.
Las críticas al paquete y la respuesta del gobernador
Pullaro rechazó los cuestionamientos constitucionales a las iniciativas y apuntó contra sectores de la abogacía penal. Según su lectura, las objeciones provienen sobre todo de “los defensores, los abogados penalistas”, a quienes les atribuyó intereses ligados a la defensa de narcotraficantes, sicarios y otros delincuentes.
En ese tramo repitió una frase que marcó el acto: “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”. Igual, aclaró que su planteo no implica desconocer derechos: “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”.
Como antecedente, trajo a colación los habeas corpus que perdió cuando era ministro de Seguridad y buscaba limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.
Reforma judicial y un objetivo pendiente
El gobernador también se refirió a la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Resaltó que el diálogo institucional permitió proponer seis nuevos integrantes y planteó la necesidad de modernizar la Justicia y mejorar el uso de los recursos del Estado.
Para Pullaro, la reforma judicial y el paquete de leyes de seguridad forman parte de una misma discusión: fortalecer la capacidad estatal para prevenir y combatir el delito sin vulnerar las garantías constitucionales.
Al cierre, pidió reconocer el trabajo de policías y agentes penitenciarios y evocó los espectáculos masivos y los espacios públicos que, según afirmó, los santafesinos volvieron a disfrutar. Pero insistió en que la meta no está cumplida: “No hemos terminado con las organizaciones criminales”.
