El número que los intendentes pusieron sobre la mesa para exigirle a Milei
Los intendentes del interior llegaron al Congreso con un reclamo por los subsidios al transporte. Pero lo que más incomodó al Gobierno no fue la protesta: fue el número que uno de ellos puso sobre la mesa.
Setenta y nueve jefes comunales de todo el país se sentaron este miércoles en la Cámara de Diputados y pusieron sobre la mesa una batería de reclamos que incomoda a la Casa Rosada. La movida la encabezaron los intendentes cordobeses, alineados con el gobernador Martín Llaryora, y apuntó directo contra el reparto de subsidios al transporte.
La reunión se hizo en la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la cordobesa Carolina Basualdo, del bloque Provincias Unidas (PU). Más de la mitad de los participantes eran de Córdoba, aunque también se sumaron jefes comunales de otros signos políticos.
El reclamo que incomoda al Gobierno
El eje del malestar es el aumento de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del que quedó afuera el interior. Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba, denunció que la Nación destina US$460 millones al transporte metropolitano y nada a las provincias, aunque los fondos salen de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país.
"Si eliminan el impuesto al combustible, al día siguiente bajo 35% el valor del boleto", desafió Passerini, que además preside el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un espacio multipartidario que reúne a jefes comunales de distintas provincias.
Pablo Javkin, de Rosario, se plegó al cuestionamiento y apuntó contra la decisión de reforzar los subsidios metropolitanos mientras se limita la cobertura de los beneficios sociales de la tarjeta SUBE en las provincias. "Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público", sostuvo.
El propio Llaryora se sumó al reclamo en sus redes. "Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior", escribió, y calificó la medida de "discriminatoria y populista, igual que el kirchnerismo".
Medicamentos y PAMI: los otros frentes
Los cuestionamientos también llegaron al área sanitaria. Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, advirtió que el programa Remediar pasó de distribuir 129 medicamentos esenciales a apenas seis, una reducción cercana al 95%. Entre los tratamientos que quedaron afuera mencionó los de diabetes, hipotiroidismo y distintas infecciones, y cuestionó que el recorte se haya dispuesto sin evaluar sus consecuencias sanitarias.
Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud (Córdoba), denunció una presunta represalia del PAMI después de reclamar el pago de prestaciones médicas. Según relató, el organismo envió nueve auditores desde Buenos Aires con un costo superior a los $9 millones, equivalente a la deuda que mantenía entonces con su municipio. "No tengo ningún problema con que me auditen, quiero que me paguen", reclamó, y apuntó contra los diputados libertarios cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.
Biocombustibles: el otro frente que suma presión
La protesta coincidió con otro motivo de malestar de Córdoba y Santa Fe con la Casa Rosada: la postergación de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por ambas provincias para favorecer a sus productores.
Los legisladores que responden a Llaryora y al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro esperaban dictaminar la semana pasada el proyecto aprobado por el Senado, que establece un régimen por 15 años y aumenta progresivamente los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. Sin embargo, la resistencia de Pro y otros diputados bonaerenses, que buscan proteger a las pequeñas productoras de biodiésel frente a las grandes aceiteras, frenó su avance.
A diferencia de Llaryora, que mantiene una confrontación más abierta con el Gobierno, Pullaro ha sostenido una relación oscilante con la Casa Rosada. Esa diferencia política no impidió que los representantes de ambas provincias coincidieran en el reclamo por los biocombustibles.
En las provincias productoras sospechan que Pro actuó en coordinación con el Gobierno para bloquear la iniciativa. "Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del interior", cuestionó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, aliado a Llaryora.
Trasfondo electoral y presupuesto
El reclamo tiene además un trasfondo electoral. Llaryora se prepara para disputar su reelección en Córdoba, donde La Libertad Avanza (LLA) busca disputarle el poder provincial con Gabriel Bornoroni.
La confrontación con la Casa Rosada se intensifica mientras el oficialismo necesita los votos de los legisladores que responden al gobernador para aprobar el presupuesto 2027, entre otros proyectos de la agenda oficial. El malestar suma presión sobre el Gobierno en plena negociación.
Hoy, desde el bloque @ProvUnid_Dip, presentamos un proyecto de resolución para rechazar la decisión del Gobierno Nacional, que vuelve a concentrar los subsidios al transporte en el AMBA, dejando a Córdoba y al resto de las provincias sin un esquema de asistencia equivalente.…
— Carolina Basualdo (@caritobasualdo) November 2, 2026
