El oficialismo aprobó su dictamen de morosidad, pero la oposición no se quedó quieta

La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron este martes dictamen en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para su proyecto sobre endeudamiento familiar. El texto oficialista, que propone educación financiera como eje, reunió 32 firmas y dos disidencias de la UCR sobre 61 presentes.

Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape que el oficialismo aún no definió cuándo llevará la iniciativa al recinto. La oposición dura, que venía de forzar el emplazamiento, había logrado unificar posiciones, pero el avance del oficialismo diluyó ese frente.

El cruce que calentó la reunión

La diputada de LLA Silvana Guidici apuntó contra quienes buscan regular el mercado por ley: "Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de Alquileres".

Y agregó: "No aprendieron lo suficiente: poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente". Según explicó, el dictamen oficialista incorpora un capítulo a la ley de Educación Financiera para que la materia esté en la currícula, en línea con la norma de 2018.

La oposición dura y su propio dictamen

El bloque opositor presentó un texto en común. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, sostuvo: "Hemos dejado parte de nuestras propuestas de lado, en pos de continuar la conversación, en pos de que lo urgente no puede ser postergado". Y advirtió que seguirán discutiendo "sin dejarnos de extorsionar o amedrentar", convencidos de que el proyecto puede "llevar algún alivio, aunque no resuelva el problema de fondo".

La propuesta establece que la persona presenta la solicitud directamente ante cada acreedor. Desde esa presentación se activan las protecciones del régimen. El acreedor verifica los requisitos, tramita el acogimiento y debe resolver en 10 días hábiles desde que cuenta con la información necesaria. Si no hay respuesta o se incumple, interviene el BCRA para sujetos regulados o Defensa del Consumidor para los no regulados.

Podrán adherir "personas humanas residentes en la Argentina que, al 31/8/2026, tengan 60 días o más de mora en créditos al consumo, o que aun estando al día destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones". El dictamen opositor reunió 27 firmas de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. De este último bloque faltó el cordobés Ignacio Aresca.

La diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos cuestionó: "Nos quieren convencer que se está resolviendo y nosotros que vemos las estadísticas del BCRA estamos viendo que la morosidad todavía está cerca de seis millones de argentinos, frente a veinte millones de personas que accedieron al crédito".

Su compañero de bancada Itai Hagman fue más duro con el enfoque oficialista: "Es una respuesta cínica frente a la magnitud del problema", dijo, y remarcó que se descarga la responsabilidad en la familia y no se dice nada sobre los acreedores y el sistema financiero.

El tercer dictamen y el cierre

Argentina Federal, espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, presentó su propio dictamen. Oscar Herrera Ahuad, jefe de esa bancada, se quejó: "En nuestra provincia la gente se endeudó para comer, para comprar remedios, y les estamos proponiendo que sean licenciados y técnicos en finanzas". Además, señaló que en Salta hay 165 deudores morosos y 110 mil considerados "irrecuperables".

Al inicio de la reunión, el titular de Finanzas, Santiago Pauli, propuso que expongan el superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Nicolás Ferro, y el vicepresidente del Banco Nación, Alejandro Henke. Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, aclaró que no era lo acordado y advirtió que no quieren que la Presidencia, "por fuera de algo votado en el recinto, asuma atribuciones que no le confirió el pleno".