El oficialismo avanza con la reforma de seguridad, pero mete la tijera en tres puntos clave

Tres puntos del paquete de seguridad de Pullaro tendrán redacción nueva antes de llegar al recinto: los celulares, los allanamientos y las declaraciones. Qué límite exacto prometen meter los diputados.

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El oficialismo avanza con la reforma de seguridad, pero mete la tijera en tres puntos clave
El oficialismo avanza con la reforma de seguridad, pero mete la tijera en tres puntos clave

La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para discutir el paquete de leyes de seguridad y justicia que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, y el oficialismo ya anticipó que no lo aprobará tal como llegó. El diputado provincial José Corral confirmó que el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe respaldará las iniciativas del Ejecutivo, aunque con precisiones y límites destinados a esquivar controversias constitucionales.

La definición se dará en el recinto la próxima semana, después de la ronda de consultas institucionales que se está llevando adelante. Según Corral, la idea es sancionar los proyectos, pero con una redacción retocada que blinde la privacidad de las personas en tres frentes sensibles: la revisión de celulares, los allanamientos y las declaraciones procesales.

"Vamos a aprobar los mensajes del Ejecutivo, pero no lo vamos a hacer a libro cerrado. Vamos a mejorar la normativa para estar seguros de que cumplimos con las normas constitucionales. No queremos un Estado bobo ni un garantismo estúpido", planteó el legislador.

El IMEI, en el ojo de la tormenta

Uno de los puntos que más discusión generó es la facultad que el paquete le otorga a las fuerzas de seguridad para verificar en la vía pública el código IMEI de los teléfonos. El objetivo es detectar si el dispositivo tiene pedido de secuestro activo o una denuncia por robo.

Las críticas de distintos sectores apuntaron a una posible intromisión en la privacidad. Corral respondió con una comparación técnica y adelantó los límites que se incorporarán al texto.

"El IMEI es como la patente del auto o el documento del celular; nadie razonablemente podría negarse a mostrarlo para verificar su procedencia", sostuvo.

La modificación que redactaron los diputados establecerá de manera explícita la prohibición absoluta de revisar el contenido, los chats, los archivos o los datos personales del teléfono por parte de la Policía. La restricción regirá incluso cuando el dispositivo haya sido robado.

Allanamientos y declaraciones: correcciones de técnica jurídica

Los otros dos ejes controvertidos del paquete son la regulación de allanamientos sin orden judicial previa en situaciones de flagrancia o emergencia, y la posibilidad de tomar declaraciones sin la presencia obligatoria de un abogado defensor.

Corral garantizó que las comisiones introducirán correcciones de técnica jurídica en ambos puntos. "Buscamos darle celeridad a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero siempre asegurando que el procedimiento respete las garantías procesales y no sea tumbado en instancias judiciales posteriores", fundamentó.

El cronograma que viene

El oficialismo destacó la reducción de homicidios dolosos en Rosario y en la capital provincial desde el inicio de la gestión, pero remarcó que las nuevas herramientas apuntan a delitos urbanos de alta frecuencia, como la comercialización de telefonía sustraída.

La hoja de ruta legislativa prevé que los proyectos se traten en el recinto durante las sesiones de la semana entrante. Los mensajes que llegan desde el Senado serán revisados: se prevé la sanción definitiva de uno de ellos y la devolución con modificaciones de otro a la Cámara alta. En tanto, a los textos propios se les otorgará media sanción para girarlos en revisión al Senado.

Con ese esquema, el oficialismo busca dotar a la Policía de herramientas preventivas para desactivar las cuevas de compraventa de tecnología robada, equilibrando la eficacia operativa con el respeto a las garantías individuales.

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