El oficialismo negocia una ley de discapacidad que el Ejecutivo resiste: qué cambia
El oficialismo llegó al recinto con una agenda propia, pero el tema de la discapacidad lo obligó a negociar. El dictamen que se vota incorpora puntos de la ley de emergencia que el Ejecutivo resiste por su costo fiscal. ¿Qué se define en la sesión maratónica?
La Cámara de Diputados arrancó este martes una sesión que promete estirarse por más de 17 horas, con una agenda amplia y un objetivo claro del oficialismo: marcar el ritmo de los debates y evitar que la oposición imponga sus propios temas. Para lograrlo, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados debieron ceder en varios puntos y aceptar proyectos que el Poder Ejecutivo había rechazado de plano.
El recinto abrió pasadas las 12.20 con la presencia de LLA, el Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales. La cantidad de iniciativas en juego y las diferencias entre los bloques anticipan una jornada extensa.
Discapacidad: el punto más caliente
El tema que más resistencia genera es la política para personas con discapacidad. La intención original del Gobierno de endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones despertó un fuerte rechazo social y político. Por eso, el oficialismo en Diputados se vio obligado a negociar una salida intermedia que evite una crisis mayor y, al mismo tiempo, impida que la oposición vuelva a imponer una ley de emergencia.
El dictamen consensuado terminó incorporando aspectos centrales de esa ley de emergencia: la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por el costo fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la iniciativa alcanzaría casi $600.000 millones en 2027 (0,04% del PBI) y $1,2 billones en 2028 (0,07% del PBI) si se contempla el padrón completo.
Propiedad privada: otro retroceso oficialista
El debate sobre la Ley de Tierras, que fija límites a la compra de terrenos rurales por extranjeros, expuso otro giro del oficialismo. El Gobierno pretendía derogar esa norma, pero tras un recorrido que incluyó a la Justicia y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el DNU 70/2023 —que contiene otras derogaciones de peso—, los libertarios optaron por incorporar la protección de esa norma al proyecto de propiedad privada, que ya había sufrido cambios importantes en el Senado.
Además de mantener los límites a la compra de tierras, la iniciativa contempla una agilización de los desalojos, requisitos más estrictos para las expropiaciones estatales y una modernización del registro de la propiedad inmueble. Será el primer tema en discusión y, si se aprueba, volverá al Senado para su sanción definitiva.
Trazabilidad de medicamentos y otros temas
El temario también incluye un proyecto con amplio consenso para establecer un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, desde la materia prima hasta su aplicación al paciente, con alertas ante posibles irregularidades. La iniciativa surgió después de la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas.
En otro gesto hacia sus aliados, el oficialismo sumó un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural, y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.
Deudas de las familias: dos miradas enfrentadas
La sesión también dedicará un capítulo al endeudamiento de las familias. Mientras el oficialismo buscará avanzar con su proyecto de educación financiera para prevenir la morosidad, la oposición intentará imponer una propuesta de reestructuración de deudas que contempla topes a las tasas de interés y mecanismos de refinanciación de intereses y punitorios.