El oficialismo sufrió otro revés en el Senado: tuvo que retirar un capítulo clave de la ley de Propiedad Privada
El oficialismo perdió otra batalla en el Senado: tuvo que recortar su proyecto de Propiedad Privada. ¿Qué pasó con el capítulo de Manejo del Fuego?
La Libertad Avanza cosechó una nueva derrota en el Senado: a último momento, Patricia Bullrich retiró el capítulo que derogaba parte de la Ley de Manejo del Fuego, porque no reunía los votos necesarios. Así, la media sanción del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada quedó reducida a cambios en desalojos, expropiaciones y el Registro del Inmueble.
El proyecto obtuvo 37 votos afirmativos y 33 negativos en la votación general, pero el oficialismo volvió a chocar en la votación en particular. Tras una jornada de intensas negociaciones, que incluyó una reunión de urgencia en el Salón Eva Perón, la jefa del bloque oficialista decidió eliminar el apartado sobre el destino de las tierras incendiadas, tal como había hecho antes con el capítulo de extranjerización de tierras y, tiempo atrás, con el que descentralizaba el RENABAP.
El anuncio lo hizo Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien admitió: “Este proyecto no es estrictamente el que ha ingresado a esta Cámara”. Aun así, defendió el espíritu de la iniciativa: “Que quien es dueño de un bien no se lo castigue, que quien sufre un incendio no tenga un doble castigo, que un propietario que recibe un okupa pueda hacerse de su inmueble de forma más eficiente y rápida”.
¿Qué se cayó y por qué?
El capítulo que se retiró buscaba derogar el artículo 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego, que impide durante 30 años el cambio de uso de la tierra quemada por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. De haberse aprobado, solo se mantendría la protección total para bosques nativos.
Los votos que le faltaron a Bullrich fueron los de Edith Terenzi (Chubut), Maximiliano Abad (radical bonaerense) y Alejandra Vigo (Córdoba). Terenzi y Abad acompañaron el proyecto en general pero no el capítulo del Fuego; Vigo rechazó toda la iniciativa, muy molesta por el formato ómnibus y por las 17 versiones que tuvo el texto.
La oposición, dura
El peronista José Mayans intentó devolver la ley a comisión, pero su moción fracasó por 38 votos negativos contra 31 positivos. En su discurso, Mayans fue contundente: “Le mienten descaradamente al pueblo argentino. Esto es todo lo contrario a la inviolabilidad de la propiedad privada. Está hecho para las élites y perjudica al pueblo”.
La cordobesa Alejandra Vigo, cercana a Schiaretti, calificó la ley como “falta de federalismo y absolutamente innecesaria”, la tildó de “caballo de Troya” y de “verdadero mamarracho”.
La polémica por Benegas Lynch y el voto virtual
El libertario Joaquín Benegas Lynch fue otro de los focos de tensión. Tras conocerse que es socio de una empresa que gestiona la venta de tierras, la kirchnerista Juliana Di Tullio intentó impugnar su voto, pero no prosperó. Benegas Lynch se defendió: “Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular”.
Además, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti no pudo votar en contra por videoconferencia, como había solicitado por su embarazo de riesgo. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó el voto remoto, pero Bullrich se opuso y finalmente el pedido se envió a comisión. El radical Flavio Fama corrió la misma suerte.
Lo que sí se aprobó
Entre los capítulos que quedaron en pie, se agilizan los juicios de desalojo por el procedimiento sumarísimo. En caso de inquilinos morosos, el propietario debe intimar fehacientemente y esperar 10 días corridos antes de iniciar la acción judicial. Si hay menores, discapacitados o adultos mayores desamparados, el juez debe dar intervención a organismos de protección y otorgar hasta 10 días para buscar hogar transitorio, pero el desalojo continúa.
También se restringen las expropiaciones: la utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva, y la indemnización debe cubrir el valor de mercado más los daños directos, actualizarse por inflación (IPC) e incluir el lucro cesante.
El proyecto ahora pasa a Diputados, donde se espera un debate complejo. La prioridad de Martín Menem es avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inocencia Fiscal.