El operativo en la estancia de Báez quedó frenado por lo que encontraron adentro: 6.000 razones
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El operativo en la estancia de Báez quedó frenado por lo que encontraron adentro: 6.000 razones

La Justicia frenó el allanamiento en la estancia de Lázaro Báez por una razón que nadie esperaba: miles de ovejas a punto de parir. Qué encontraron los investigadores adentro y por qué tuvieron que retroceder.

Un allanamiento judicial en la estancia Alquinta, una de las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz, fue suspendido por 30 días por una razón insólita: los 6.000 ovinos del campo están en pleno período de parición. La medida la tomó la Fiscalía Federal que investiga al empresario por presunto lavado de activos y narcotráfico.

El operativo se realizaba en el marco de una serie de allanamientos ordenados en Buenos Aires, Santa Cruz y varias estancias. En el campo, efectivos de la División Operaciones Rurales Río Gallegos, con apoyo de Prefectura Naval Argentina, avanzaban en el arreo y control de ganado vacuno, equino y ovino.

Durante esas tareas, según informó la fuerza provincial, se individualizaron animales con marcas ilegibles y señales que no correspondían al establecimiento. Sin embargo, la Unidad Fiscal que lidera la investigación decidió detener los trabajos por un mes.

La explicación oficial: estrés y parición

“La decisión busca preservar el bienestar animal y evitar situaciones de estrés que comprometan la gestación. Al hacer los arreos, las ovejas empiezan a parir y los corderos no las pueden seguir. Se suspendió por 30 días”, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

La estancia Alquinta tiene 51.000 hectáreas y está ubicada en la margen norte del río Gallegos, a 90 kilómetros de la capital provincial. Era la favorita y la más visitada por Báez. Ya había sido allanada en 2016 por orden del fiscal Guillermo Marijuan, cuando fue valuada en US$6 millones.

Quienes operaban allí están presos o se fueron. Este domingo, mientras los investigadores estaban en el campo, se presentó un peón que aseguró haber sido contratado por Claudia Insaurralde, la pareja de Báez detenida el lunes pasado en el aeropuerto de Ezeiza.

La sombra del lavado de activos

Los investigadores sostienen la pista de que la banda operaba en la estancia como parte de una organización dedicada a lavar activos por un flujo estimado en 390.880.000 millones solo en los últimos meses. Y que toda la operación era controlada por Báez desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años por otras causas.

Así surge de fuentes ligadas a la investigación de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.

“Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria”, sostuvo Zárate en la audiencia acusatoria.

La investigación contra Báez se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco de la investigación de una organización narcocriminal. Sobre esta, la fiscalía atribuyó a sus nueve integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones y a su distribución a través de un lavadero en el que se realizaban las entregas del material.

La fiscalía señaló que el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial —incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, sino que además utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.

“El dueño de la historia”

Los investigadores sostienen que Báez impartía directivas desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. En una de las escuchas se refirió a sí mismo como “el dueño de la historia”. Su entorno lo llamaba “Antonio” o “el Tío”.

En otra conversación, expuesta en la audiencia, daba instrucciones sobre quién debía administrar la estancia La Entrerriana y aseguraba que él iba a “supervisar los dos lados”. El nexo entre ambas causas es Cristian Ibáñez, a quien la fiscalía describe como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez y como uno de los jefes de la banda narco.

El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez declaró la legalidad de 12 detenciones y las transformó en prisión preventiva, entre ellas la de Báez. Fijó medidas de coerción para otros cuatro imputados y estableció en dos años el plazo máximo de las investigaciones, como pidió el Ministerio Público Fiscal.

Las fuentes con acceso a la causa explicaron que la actividad se retomará en 30 días para poder controlar sin poner en riesgo la hacienda y precisar cuántos animales hay y el origen de los mismos. En los audios revelados por la investigación judicial, uno de los procesados se refirió a las llaves de la estancia Alquinta.

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