El operativo que activó el ICE por casi US$42 millones en beneficios de comida

¿Cómo se vaciaban las tarjetas de comida de miles de beneficiarios en Estados Unidos? El operativo del ICE ya tiene detenidos y una cifra que el DOJ puso sobre la mesa.

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El operativo que activó el ICE por casi US$42 millones en beneficios de comida
El operativo que activó el ICE por casi US$42 millones en beneficios de comida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desplegó un operativo para ubicar y detener a inmigrantes indocumentados acusados de participar en fraudes contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La confirmación llegó del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que encuadró las detenciones en una ofensiva federal contra el uso ilegal de fondos públicos.

Los primeros arrestos ya se concretaron y entre los detenidos hay ciudadanos de Haití y de Cuba. Las investigaciones que motorizaron el operativo detectaron maniobras por casi 42 millones de dólares, según los datos difundidos por las autoridades.

Quiénes quedaron detenidos

El DHS informó que entre los primeros apresados hay cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. A ellos se suma Elizabeth Povea Rodríguez, de nacionalidad cubana.

Según lo que trascendió, algunos de los sospechosos acumulaban antecedentes. En el caso de Theodore se mencionaron arrestos previos por robo, obstrucción y allanamiento. Povea Rodríguez, en tanto, registraba condenas por alteración del orden público y detenciones vinculadas con acusaciones de agresión y violencia doméstica.

Qué dijo el gobierno

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, salió a respaldar la medida con una declaración dura: “Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social”.

La legislación federal, de todos modos, ya fija restricciones generales para que quienes no tienen estatus migratorio legal accedan a estos beneficios, aunque contempla categorías específicas de no ciudadanos que sí pueden reunir los requisitos. El operativo apunta a extranjeros indocumentados acusados de obtener o usar esos recursos mediante fraude.

Cómo operaban las redes de fraude

La pesquisa es coordinada entre el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Agricultura (USDA) y organismos policiales. Las autoridades describieron varios mecanismos: uno consistía en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT que usan los beneficiarios.

En otros casos, los acusados habrían accedido a las cuentas a través de sistemas telefónicos automatizados, modificado credenciales y dispuesto de los fondos sin autorización.

También se detectaron presuntas maniobras en comercios habilitados para aceptar SNAP. Algunos simulaban ventas de alimentos que nunca entregaban; otros cambiaban los beneficios por efectivo o permitían comprar productos no autorizados.

Robo de identidad y lavado de dinero

Otro de los métodos bajo investigación era el uso de datos personales de terceros para presentar solicitudes falsas. Una vez aprobadas, las tarjetas EBT podían enviarse a domicilios controlados por los responsables, que después las usaban o revendían.

Los investigadores también siguieron el rastro de redes que compraban grandes cantidades de productos con beneficios obtenidos ilegalmente para venderlos fuera de los canales legales. Entre los artículos aparece la fórmula infantil: hubo un caso en el que los envíos superaron las 124 mil libras (56.245 kilogramos).

El dinero, según la hipótesis oficial, se movía con transferencias entre distintos estados. Parte de los fondos habría ido a la compra de vehículos para exportación y al enriquecimiento personal.

Qué puede pasar con los detenidos

El ICE busca identificar a los sospechosos, ponerlos a disposición de las autoridades y evaluar los procedimientos migratorios que correspondan. Las consecuencias dependerán de cada expediente, de los cargos que se presenten y de las decisiones judiciales o administrativas.

El DHS anticipó que la operación seguirá y que el objetivo es evitar que los responsables del fraude mantengan el acceso a los beneficios públicos. Con todo, una detención o una acusación no equivalen por sí solas a una condena por fraude.

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