El oscuro destino de los fondos viales: el superávit que esconde un desvío millonario

La promesa del equilibrio fiscal parece tener un precio oculto: millones de pesos destinados a las rutas terminaron en inversiones financieras. Mientras el Gobierno presume de superávit, las rutas nacionales se caen a pedazos y los gobernadores reclaman respuestas.

La Casa Rosada reconoció esta semana que parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) no se usó para mantener el Sistema Vial Integrado (SisVial), como marca la ley, sino que se destinó a colocaciones financieras del Tesoro. Un movimiento contable que mantiene en orden las cuentas públicas, pero que deja a la infraestructura vial en el abandono.

¿Cuánto dinero se desvió?

Las cifras son contundentes: durante los dos años y medio de gestión de Javier Milei, el impuesto vial recaudó cerca de 1,5 billones de pesos. Sin embargo, solo el 26% de ese fondo se ejecutó en obras viales, lo que representa una subejecución del 74%. No es una abstracción contable: son recursos que no llegaron a la producción, el transporte y la seguridad de los ciudadanos.

El estado calamitoso de las rutas federales no es nuevo, pero la gestión libertaria parece haber profundizado el problema con su mantra de “obra pública cero”. Mientras tanto, el componente impositivo de la nafta súper se actualizó un 1.265%, muy por encima de la inflación del período (320%). Cada vez que un conductor llena el tanque, paga más por un impuesto con un destino específico que no se cumple.

El reclamo de las provincias

Río Negro y Neuquén negocian desde hace tiempo el traspaso de rutas nacionales como la 22, la 151 o la 40, pero no están dispuestos a recibir trazas abandonadas, con conflictos legales y sin fondos para ponerlas en condiciones, más allá de los planes de peaje.

Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa cuestionaron el desvío de recursos y exigieron transparencia sobre los fondos del SisVial. Para ellos, estas rutas son vitales para la fruticultura, la ganadería y el desarrollo de Vaca Muerta. Las rutas deterioradas aumentan los costos del transporte, afectan la circulación de personas y mercaderías, y reducen la competitividad de las economías regionales. Pero también se cobran vidas: cada semana hay muertes en los caminos de la región.

El problema institucional de fondo

Más allá de las consecuencias económicas, hay una dimensión institucional que preocupa: si un impuesto tiene un destino legal específico, modificarlo sin debate parlamentario tensa la legalidad democrática. En un sistema federal, donde parte de la recaudación corresponde a las provincias, la decisión del Gobierno central es aún más delicada.

Especialistas consultados esta semana señalaron que la utilización política de los recursos es parte de la dinámica habitual en sistemas presidencialistas federales, como ocurre en Argentina y EE.UU. Pero el problema surge cuando la estrategia política afecta el Estado de derecho y los límites del poder central.

El conflicto por el ICL promete ser uno de los ejes más calientes en la relación del presidente con los gobernadores, y en la negociación del Presupuesto 2027. El superávit fiscal no puede justificar cualquier procedimiento. El Congreso debe recuperar su rol de control sobre el Ejecutivo, hacer cumplir la ley y garantizar que el federalismo no se reduzca a una negociación coyuntural. Porque junto a las rutas, se deterioran la producción, la seguridad y la confianza de los ciudadanos en el Estado.