El oscuro laberinto de las fotomultas: la Justicia desmenuza un informe clave por $1900 millones

La trama de corrupción que salpica al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio suma un nuevo capítulo de alto voltaje. La Justicia federal analiza un informe que apunta a un posible desvío de $1900 millones desde municipios clave hacia la Universidad Nacional de San Martín, en una maniobra que pone bajo la lupa contrataciones opacas vinculadas al sistema de fotomultas y la VTV.

El expediente se tramita en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del magistrado Juan Manuel Culotta. Según información a la que accedió TN, el foco está puesto en los convenios que once municipios bonaerenses firmaron con la UNSAM para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito.

¿Qué municipios están bajo investigación?

Entre las jurisdicciones investigadas se encuentran distritos de gran peso como La Matanza, General San Martín, Olavarría y Roque Pérez. El juez Culotta requirió meses atrás un informe a la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal para determinar la existencia de irregularidades en estas contrataciones.

El documento judicial incluye una declaración clave de Pablo Sanguinetti, exdirector de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia. Sanguinetti, quien está imputado en otra causa por el “gestorazo” de multas, confirmó los convenios entre los once municipios y la UNSAM, la participación de la empresa privada Tránsito Seguro, y la distribución de fondos.

La normativa establece que del monto de una multa, el 20% corresponde a la Provincia y el 80% restante al municipio donde se cometió la infracción. Estos últimos son los que deben contratar a las empresas que instalan y operan las cámaras.

El mecanismo del supuesto desvío

La investigación central sospecha que los municipios desviaban los fondos de las fotomultas a la Universidad de San Martín. La UNSAM, a su vez, le pagaría a la firma proveedora del servicio, Tránsito Seguro, propiedad del empresario Leandro Camani. Solo durante 2024, se estima que por este circuito habrían pasado unos $1900 millones.

El informe en poder de Culotta detalla una compleja cadena contractual. Se identificaron actas complementarias a convenios entre la Fundación de la universidad (FUNINTEC) y Tránsito Seguro S.A. Estas actas le otorgaban a la empresa una participación directa en tareas operativas que, originalmente, correspondían a la UNSAM.

En la práctica, las tareas eran trasladadas de la universidad a su fundación, y luego tercerizadas a la empresa de Camani. La documentación bancaria obtenida muestra transferencias desde cuentas de FUNINTEC hacia Tránsito Seguro S.A., realizadas a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para que este esquema funcionara, tanto los municipios como la UNSAM tuvieron que avalar la participación del tercero, utilizando una cláusula de los convenios que requería la “plena conformidad” de ambas partes.

Las irregularidades denunciadas

La denuncia original sostiene un punto crucial: la Universidad de San Martín no sería una proveedora registrada, y no está claro qué aporte técnico realizaba, ya que las cámaras y tecnología las aportaba la empresa privada.

Se argumenta que los contratos entre universidades nacionales y empresas privadas como Tránsito Seguro o Secutrans S.A. serían nulos. La normativa vigente, según la denuncia, prohíbe expresamente la subcontratación del objeto del contrato en servicios de logística cuando se trata de contrataciones directas entre organismos del Estado.

Además, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”, lo que marcaría el fin de este tipo de esquemas.

La defensa de los involucrados

Consultados por TN, voceros de Tránsito Seguro afirmaron que el informe de la Policía Federal “no detectó ningún tipo de irregularidad” y que los autores del documento fueron citados a declarar. Remarcaron que el Tribunal de Cuentas de la Provincia no tiene observaciones sobre las cuentas de los municipios investigados como La Matanza o Roque Pérez.

La empresa se definió como una firma especializada con equipamiento homologado y registrada como proveedora del Ministerio de Transporte bonaerense. Aseguraron haber aportado toda la documentación requerida por la Justicia sin que se hallaran fallas.

Desde la Universidad Nacional de San Martín, explicaron a este medio que cuentan con un “Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial” aprobado por su Consejo Superior. Sostuvieron que varios municipios solicitaron convenios para desarrollar ese programa y reducir siniestros viales.

Detallaron que su trabajo incluyó campañas de concientización, capacitaciones y la gestión administrativa para la provisión e instalación de equipos. La UNSAM aclaró que no tiene obligación de inscribirse como proveedora, ya que su rol era la gestión administrativa, subcontratando a Tránsito Seguro S.A. para el aporte tecnológico, empresa que sí cuenta con todos los permisos.

Este informe se suma a los otros dos expedientes judiciales que investigan presuntos manejos irregulares y lavado de dinero en el sistema de fotomultas y la VTV de la provincia de Buenos Aires, en una causa que mantiene en vilo al ámbito político y empresarial.