El pacto entre los laboratorios que pagarán los pacientes

El Gobierno de Javier Milei habría sellado un acuerdo con los grandes laboratorios que, según advierten opositores y especialistas, terminará encareciendo los medicamentos en la Argentina. La promesa de Karina Milei al embajador de Estados Unidos y la derogación de una resolución clave son las piezas de un entramado que, denuncian, privilegia a la industria extranjera por sobre el bolsillo de los pacientes.

Qué se aprobó y qué se dejó afuera

A fines de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) pero excluyó el Capítulo II, que contemplaba un examen preliminar internacional y permitía que oficinas extranjeras elaboraran informes técnicos sobre nuevas invenciones. El peronismo no tendría los votos ni la voluntad de modificar el proyecto en el Senado, donde el oficialismo confía en una aprobación sin cambios.

Los grandes laboratorios nacionales, reunidos en CILFA, no harían olas: en privado se declararían conformes con haber tirado abajo ese capítulo que impulsaban la embajada de Estados Unidos y los laboratorios extranjeros nucleados en CAEME. Tras 30 años de guerra silenciosa, la tregua parece haber llegado, y hasta China estaría de acuerdo. Pero los pocos detractores del pacto en el Congreso admiten que las víctimas serán millones de argentinos que necesitan medicamentos a diario.

El otro cambio que pasó casi desapercibido

Argentina tiene una industria farmacéutica poderosa, pero los precios de los remedios son más caros que en otros países. En un mercado que, según datos de CILFA de 2025, mueve más de 8 mil millones de dólares al año, el Gobierno tomó dos decisiones que favorecerían a los laboratorios extranjeros. Una es el tratado. La otra, quizás más importante, la derogación de la Resolución Conjunta que fijaba guías de examen de patentes y limitaba el evergreening, el truco que usa cambios menores para prorrogar una patente y evitar la competencia.

La nueva Resolución Conjunta 1/2026, firmada el 18 de marzo por Mario Lugones, Luis Caputo y el INPI que preside Carlos María Gallo, dejó sin efecto la norma del 2 de mayo de 2012 que ponía límites a la Ley de Patentes 24481. Al mes siguiente, el INPI concedió 90 patentes farmacéuticas y biotecnológicas que, con las guías anteriores, no se hubieran otorgado. Según datos de empleados del organismo a los que accedió El Destape, el 87,7% de las solicitudes de patentes medicinales ya son extranjeras, y el tratado elevaría rápidamente ese porcentaje.

“Derogar la resolución conjunta y dejar en decisión del INPI qué va a ser patentable o no… Es importante que ustedes sepan que un empleado del INPI que recibe una patente multimillonaria de este tipo cobra en la Argentina menos de 2 millones de pesos de salario, más allá del desfinanciamiento que ha tenido el INPI. Al quitar la resolución conjunta, le estamos poniendo en responsabilidad de ese funcionario público la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios. Esto no va a funcionar. No vamos a acompañar porque nuestra preocupación tiene que ser el acceso a los medicamentos para nuestra población y esto no va en ese camino”, dijo el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin en el debate del 26 de agosto pasado.

El INPI, un organismo en la mira

Ubicado en Paseo Colón 771, el INPI juega un papel crucial en la guerra de laboratorios. El organismo arrastra problemas estructurales: demoras en exámenes, recursos técnicos limitados, falta de previsibilidad y salarios bajísimos para su personal calificado. Hace un mes se jubiló, después de 30 años, el Comisario de Patentes, Eduardo Arias, en medio de una política de ajuste que denuncian los empleados.

“Los precios de los medicamentos van a aumentar”, le dijo a El Destape un dirigente opositor con vínculo histórico con los laboratorios. El contexto es de crisis sanitaria: clínicas y sanatorios dejan de atender a pacientes del PAMI en provincias patagónicas y del norte como Jujuy y Misiones. Para las obras sociales sindicales y prepagas, los remedios representan en promedio el 50% de sus costos. Y los genéricos, lejos de ser una alternativa, se pegan al techo de los precios de las marcas con patente: el llamado “efecto murciélago” que el especialista Federico Tobar describe como una anomalía que no se repite en otro lugar. Expertos en salud señalan que el genérico debería costar el 20% de lo que vale un medicamento con patente, pero cuesta casi lo mismo.

Los estudios jurídicos y la puerta giratoria

Un informe del Observatorio Sudamericano de Patentes destaca el rol de los grandes estudios jurídicos. Bruchou & Funes de Rioja, aportante de campaña de La Libertad Avanza en 2023, tiene llegada a la cúpula del INPI. Carlos María Gallo fue socio y empleado de Dámaso Pardo, abogado que hoy está a cargo del Departamento de Propiedad Intelectual de ese estudio. Durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, Gallo dirigía la Administración Nacional de Marcas del INPI y Pardo era el presidente del organismo.

El informe sostiene que la connivencia se manifiesta en tres niveles: la captura del conocimiento técnico, la rotación de personal y la judicialización estratégica. “El INPI depende de examinadores técnicos y jurídicos. Sin embargo, la complejidad de ciertas solicitudes hace que los examinadores recurran a criterios que, en muchos casos, son definidos por los propios estudios que representan a los solicitantes”, especifica el trabajo. Los grandes bufetes participan en mesas de trabajo y comités técnicos donde se definen los criterios de patentabilidad, generando una asimetría en la que el regulador depende del regulado.

La puerta giratoria es otra herramienta: es común que un director de Patentes o un coordinador de Marcas pase a ser socio de un estudio de abogados al dejar su cargo. Y cuando un estudio logra una sentencia favorable contra el INPI, ese fallo se convierte en jurisprudencia. Los estudios más poderosos, que representan a laboratorios extranjeros, mantienen departamentos de litigio estratégico que judicializan decisiones adversas y empujan al organismo a adoptar criterios “amigables” para evitar costos procesales.

Es un proceso que no empezó con Milei, pero que con el gobierno de La Libertad Avanza se blanquea hasta convertirse en ley.