El pacto secreto que sellaron Bullrich y Sturzenegger: los cambios que nadie esperaba en la ley de propiedad privada

La senadora Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger cerraron un acuerdo clave para destrabar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La pulseada por las tierras extranjeras tuvo un giro inesperado que podría cambiar el mapa político en el Senado. El próximo 6 de agosto se define todo.

Durante el receso invernal, Bullrich no paró. Mantuvo su despacho abierto y negoció con todos los sectores hasta alcanzar un entendimiento con Sturzenegger sobre la versión final del proyecto que impulsa el oficialismo. La iniciativa incluye modificaciones a la Ley de Tierras, desalojos exprés y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

¿Qué cambió en la Ley de Tierras?

El principal escollo era la reforma del régimen para la compra de suelo argentino por parte de extranjeros. En la previa de la sesión del 16 de julio, Bullrich logró un primer acuerdo con el bloque radical para dar participación a las provincias en la venta de tierras rurales. Pero Sturzenegger no quedó conforme: advirtió que si se aprobaba esa versión, el presidente la vetaría.

Este jueves, en una reunión de poco más de una hora, Bullrich y Sturzenegger limaron asperezas. Ambos tienen una larga historia política juntos, compartieron gabinete y trabajaron en la campaña de Bullrich en 2023. El resultado: un texto consensuado.

“Tenemos un texto consensuado entre todos. Y también está la realidad, que es que las leyes se componen de una diversidad de miradas. La del Gobierno con el bloque oficial y con el radicalismo, el Pro y de los senadores provinciales que acompañan. Este es un proyecto, como todos los que han salido, que tiene aportes de todos. Pero siempre dentro de lo que es una filosofía, que es salir de lo que era la Ley de Máximo Kirchner”, resumió Bullrich.

La redacción acordada del artículo 25 establece que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Así, el proyecto dejó atrás la propuesta original de la Casa Rosada, que eliminaba todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, cuando los inmuebles estén en zonas de frontera, se necesitará doble aval: el de la provincia y el del Poder Ejecutivo Nacional.

Los reparos de la UCR y la búsqueda de votos

El bloque radical, liderado en el Senado por Eduardo Vischi, objetó el capítulo de tierras y exigió que los registros de operaciones sigan bajo la órbita provincial. Las diferencias obligaron a postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto. En paralelo, la UCR nacional, con Leonel Chiarella al frente, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, donde reivindica la Ley de Tierras vigente y recuerda el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y aspira a sumar a la mayoría de los diez radicales y a los tres del Pro. Entre los bloques provinciales, el oficialismo espera el acompañamiento de Flavia Royón (Salta), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (Neuquinidad). “Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó Ávila, sin adelantar su voto. Las dudas persisten sobre los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, en medio de la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira. Además, organizaciones ambientalistas de Misiones rechazan la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros.

Las críticas de Convicción Federal y el capítulo de inquilinos

La bancada de Convicción Federal, integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, defendió su dictamen de minoría, especialmente por las modificaciones vinculadas a los inquilinos. Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”. Su propuesta alternativa distingue la usurpación de los conflictos por alquiler, preserva el debido proceso y establece que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin garantizar una instancia efectiva de defensa para el inquilino.

El Senado retomará el tratamiento el 6 de agosto. Allí se definirá si el oficialismo consigue la mayoría necesaria para aprobar una iniciativa que, según Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó en privado como “una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.