El padre de Franco esperó ocho años una fecha de juicio: el imputado sigue manejando como si nada

Carlos Silvestri perdió a su hijo Franco en noviembre de 2018, cuando una camioneta impactó de frente al auto en el que cinco amigos de Trelew viajaban a Buenos Aires para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Cuatro de esos jóvenes murieron y el único sobreviviente fue Luciano Virgilli. A ocho años de aquella madrugada, la causa todavía no llegó a juicio oral y el conductor imputado nunca estuvo detenido.

Silvestri habló con ADNSUR y repasó el calvario que atraviesa su familia desde entonces: recursos de la defensa, expedientes traspapelados y una fecha de debate que todavía no existe. Su bronca tiene un eje claro: el hombre señalado como responsable del siniestro sigue en libertad desde el primer día y, según denunció, tampoco le retiraron la licencia de conducir.

Qué pasó la mañana del 10 de noviembre de 2018

El hecho ocurrió cuando los cinco amigos viajaban desde Trelew hacia Buenos Aires y fueron embestidos de frente por una camioneta. De acuerdo con las mediciones realizadas después del choque, el conductor tenía 1,8 gramos de alcohol en sangre.

Para el padre de Franco, la palabra accidente no corresponde. “Lo que pasó aquella fatídica mañana del 10 de noviembre no fue un accidente. Se podría haber evitado”, afirmó. Su lectura es que el desenlace fue la consecuencia de una decisión: la de una persona que tomó alcohol y después se puso al volante.

Ocho años de planteos, apelaciones y un expediente que se perdió

A lo largo de estos años, según el relato de Silvestri, la causa acumuló demoras por dos vías: los recursos que presentó la defensa y los problemas administrativos del propio sistema judicial.

El primer año el imputado tuvo un defensor oficial. Después contrató al abogado Granillo Fernández y, desde ese momento, comenzaron a sucederse planteos y apelaciones que fueron postergando el avance hacia el debate oral.

Silvestri está en La Plata junto a su esposa. Hace poco se presentaron en el Juzgado Correccional N° 1 para reclamar explicaciones por la falta de respuestas durante los últimos cinco meses. Los recibieron integrantes del juzgado y luego la fiscal que interviene en la causa.

La respuesta que les dieron repartió responsabilidades: ausencias de jueces y fiscales, licencias médicas y cambios de funcionarios. Además, el expediente había sido enviado por error a una fiscalía que no correspondía, donde permaneció unos tres meses y medio sin movimiento.

La estrategia de la familia: no sumar demoras

Después de ese encuentro, los Silvestri decidieron concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo concreto: que se fije una fecha para el juicio oral.

Tenían previsto presentar un planteo para rechazar un pedido de peritaje que la defensa realizó fuera de término, pero desistieron para no abrir un nuevo frente que pudiera postergar el debate. En cambio, pidieron que se fije la fecha con urgencia. La expectativa que les transmitieron es que el juicio pueda concretarse durante 2027, aunque todavía no hay nada confirmado.

Otro de los puntos que cuestionó Silvestri es la desigualdad de herramientas entre víctimas e imputados. La defensa puede presentar pruebas y recurrir decisiones en distintas etapas; las víctimas, en cambio, tienen limitaciones para intervenir y deben esperar una sentencia para avanzar con determinadas apelaciones.

Como ejemplo recordó que el imputado llegó hasta la Corte Suprema de Justicia después de que se rechazara un pedido de probation que se había discutido en una audiencia en Saladillo. La propuesta contemplaba el pago de un millón de pesos a cada víctima y 400 horas de trabajo comunitario. Fue rechazada.

El fantasma de la prescripción y el miedo a que el caso se apague

Silvestri admitió su preocupación por la posibilidad de que las sucesivas presentaciones terminen favoreciendo un planteo de prescripción. Aun así, aseguró que sus abogados consideran que ese escenario no debería concretarse.

En ese contexto destacó el papel de la prensa. “No se dan ni idea de lo importante que es para estas causas que los medios colaboren”, expresó, convencido de que mantener el caso en la agenda pública evita que las causas de víctimas viales queden relegadas.

La indignación: nunca estuvo detenido ni perdió la licencia

Lo que más indignación le genera a la familia es la rutina del imputado. Silvestri aseguró que el conductor nunca estuvo detenido y que continúa haciendo su vida con normalidad. Tampoco le retiraron el registro de conducir, pese a que la familia lo había pedido. Según le respondieron, el pedido fue considerado apresurado y no correspondía en esa instancia del proceso.

Durante la audiencia en la que se discutió la probation se cruzaron con él. No hubo un gesto de acercamiento ni una disculpa, ni de su parte ni de sus familiares.

Del dolor a la militancia por la tolerancia cero

En estos años, Silvestri transformó parte de su dolor en una lucha por la prevención de los siniestros viales. Participó en la conformación de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales y representó a la Patagonia durante el debate por la ley de tolerancia cero de alcohol al volante.

También impulsa modificaciones al Código Penal: el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y todavía debe ser tratado por el Senado. “Todos somos potenciales víctimas”, reflexionó sobre la necesidad de avanzar con cambios que prevengan nuevos casos.

Pese al tiempo transcurrido y a las dificultades que describió, el padre de Franco aseguró que no piensa abandonar el reclamo. La familia espera que el próximo año finalmente se concrete el juicio oral y que la causa avance hacia una resolución. “Acá no se rinde nadie. Vamos a seguir peleando hasta llegar hasta la última instancia, que esperemos que sea el año que viene”, cerró.