El "pájaro" que nunca voló: la pista clandestina que hundió al narco más buscado de Entre Ríos

El Tribunal Oral Federal de Paraná hizo públicos los fundamentos de la condena a 12 años de prisión contra el productor rural Leonardo Roberto Airaldi, a quien consideró el organizador y financiador de una red narcocriminal que operó entre 2019 y 2024 con epicentro en Entre Ríos y ramificaciones en Puerto Gaboto y Rosario.

La sentencia, de 302 páginas, lleva la firma de las juezas Noemí Marta Berros —al frente del debate—, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello. El veredicto se había anticipado el 13 de agosto, tras 18 audiencias realizadas entre marzo y agosto de este año.

Airaldi, de 44 años, fue condenado como autor de organización y financiamiento del tráfico de estupefacientes. Además de la pena, se le impuso una multa de 118.404.000 pesos. La fiscalía había pedido 14 años.

En el mismo juicio, otras seis personas recibieron condenas de entre 3 años en suspenso y 6 años y 8 meses por comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas, mientras que dos imputados fueron absueltos.

Un jefe que daba las órdenes desde la cárcel

Los jueces sostuvieron que estaba “sobradamente acreditado” que Airaldi ejercía dentro de la organización “un rol preponderante, dirigencial y jerárquico, indiscutido entre sus colaboradores subordinados”. Según los fundamentos, era él quien impartía “las directivas, las órdenes y las instrucciones” y sus subordinados le reportaban de manera permanente.

El tribunal destacó que el condenado aportaba los medios económicos y ponía a disposición la estancia “El Mirador”, la isla “El Pillo”, sus empresas y fideicomisos, vehículos, embarcaciones y combustible para aeronaves. Esos recursos, señalaron, se usaban para el aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de drogas.

Los magistrados remarcaron que la asimetría de poder derivada de “sus recursos y posicionamiento superior en la escala socio-económica” le permitía mantener el control. Incluso detallaron que, desde su detención en 2022, continuó comunicándose con integrantes de la estructura para seguir impartiendo directivas.

El diccionario secreto de la banda

Las escuchas telefónicas y los mensajes extraídos de los celulares secuestrados fueron clave para reconstruir el funcionamiento de la red. A través de esas conversaciones, los investigadores descubrieron un lenguaje codificado para ocultar las referencias al narcotráfico.

Según los jueces, a la cocaína la llamaban “carne”, “lomo”, “lomo verde”, “novillo o novillito”, “cordero”, “maple” o “maple con pelos”. Los envoltorios o elementos de traslado eran “media”, “bolsita” o “parlante”. Las avionetas eran “pájaro”, “pajarraco” o “bicho”. Las maniobras de llegada y descarga se conocían como “vacunadas”, y los pilotos que volaban esas aeronaves eran los “veterinarios”.

La defensa cuestionó la legalidad de las escuchas, pero el tribunal rechazó el planteo y validó las intervenciones, obtenidas mediante órdenes judiciales y con la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La pista que la defensa negaba

Uno de los puntos más resonantes de los fundamentos es la existencia de una pista clandestina de aterrizaje en un campo de Airaldi. La defensa sostenía que se trataba del coto de caza “Los Ombúes”, un lugar habilitado para operaciones aéreas. El tribunal fue categórico: “Ha quedado sobradamente probado que existía una pista clandestina en el campo de Airaldi”.

Para llegar a esa conclusión, los jueces valoraron informes de organismos especializados, tareas de vigilancia, testimonios de funcionarios, comunicaciones telefónicas y la comprobación de compra de combustible para avionetas.

El vínculo con Puerto Gaboto y el intento de desviar la pesquisa

El tribunal también dio por acreditado el vínculo de Airaldi con el secuestro de 29,5 kilogramos de cocaína ocurrido el 10 de agosto de 2022 en un domicilio de Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe. Los jueces entendieron que ambos hechos formaban parte de una misma actividad delictiva desarrollada entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024.

La defensa había alegado un “sesgo investigativo” y un “direccionamiento” contra Airaldi por su exposición pública y política. El tribunal rechazó esa hipótesis y afirmó que “solo la hipótesis acusatoria está dotada de capacidad explicativa de lo sucedido”, confirmada “más allá de toda duda razonable”.

Los jueces también desestimaron el argumento de que su actividad como productor ganadero lo alejara del delito: señalaron que ambas actividades podían coexistir.

Airaldi está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza desde febrero pasado, bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). En otra investigación se analiza su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.