¿Qué incluye el paquete que ya tiene media sanción y que, según el ministro Cococcioni, complica directamente a las bandas de Rosario? El aislamiento y la suspensión de visitas son solo una parte.
La Cámara Baja de Santa Fe le dio media sanción al paquete de reformas en seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, y el texto ahora espera su turno en el Senado. Para el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el impacto será directo sobre las bandas que operan en la provincia.
"Las leyes que impulsó el Gobierno son la peor noticia para las organizaciones criminales", afirmó el funcionario al evaluar el resultado de la votación. En contacto con la prensa, no ocultó su satisfacción: "Para nosotros es un avance, es una herramienta muy positiva".
Según sus cálculos, la Legislatura respaldó casi todo lo que el Ejecutivo puso sobre la mesa. "El 90 % de lo que planteamos en el proyecto se aprobó", precisó. En pocas semanas, el Gobierno consiguió que se aprueben 12 de las 13 propuestas enviadas. "El resultado está, tenemos las herramientas y las vamos a utilizar", completó.
Qué cambia con la reforma
El paquete toca el Código Procesal Penal y otras normas ligadas a la seguridad pública. Cococcioni lo resumió como una iniciativa de dos ejes: por un lado, darle al Estado más margen para actuar contra el delito; por el otro, descomprimir la Justicia para que se ocupe de los casos de mayor complejidad.
"Hay dos grandes ramas de las reformas: algunas tienen que ver con ampliar la capacidad de actuación del Estado en política criminal, dotando de más herramientas para la lucha contra el delito, y otras apuntan a simplificar procesos", explicó.
Allanamientos de urgencia y juicios en ausencia
Uno de los puntos más sensibles es la habilitación de allanamientos sin orden judicial previa en situaciones excepcionales de urgencia. La medida exigirá la intervención de un fiscal y, en ciertos casos, un juez deberá revisar de oficio la legalidad del procedimiento dentro de las 24 horas. El texto también fija condiciones para precisar la búsqueda de elementos vinculados a un delito.
La iniciativa incorpora los juicios en rebeldía, pensados para que un proceso penal pueda avanzar aunque el acusado esté ausente, siempre que se cumplan los requisitos previstos y se garantice su derecho de defensa. Además, amplía la participación de víctimas y querellantes en distintas etapas del procedimiento.
Otro de los cambios es el procedimiento monitorio para faltas contravencionales: permite dictar sentencia sin debate oral previo, con un plazo de 60 días para que la persona involucrada se oponga. También se regulan los testimonios anticipados, como los recibidos por Cámara Gesell o los de testigos cuya integridad física corra riesgo.
A eso se suma una herramienta aprobada semanas antes: la Policía podrá solicitar el IMEI de los celulares para verificar su origen, una medida orientada a combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos.
Aislamiento y visitas suspendidas
El proyecto sostiene un régimen penitenciario agravado para internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Eso incluye condiciones especiales de detención, como el aislamiento individual y la suspensión de visitas, con control judicial.
Cococcioni puso el foco en los presos de alto perfil que, aun tras las rejas, siguen ordenando delitos. "Incluye aislamiento pleno y supresión de las visitas", resumió.
La reforma también prevé facultades para intervenir inmuebles vinculados a actividades ilícitas y modificaciones en el sistema de inteligencia preventiva y en el régimen provincial de recompensas.
Un Estado más rápido
Para el ministro, la combinación de herramientas operativas y procesales puede traducirse en una actuación más eficaz del Estado y en tribunales que resuelvan con mayor celeridad. "Muchas cuestiones tienen que ver con más herramientas para luchar contra el delito y, al mismo tiempo, con tener un Estado más eficiente que resuelva rápidamente conflictos menores y se concentre en casos importantes", argumentó.
La media sanción es un eslabón dentro de la segunda etapa de la estrategia provincial para bajar la violencia criminal en Rosario y en el resto de Santa Fe. Cococcioni aseguró que el Gobierno ya se prepara para aplicar los cambios una vez que la Legislatura los apruebe. "Tendremos más herramientas para combatir el delito", dijo.
Ahora la pelota pasa al Senado: si el proyecto completa su trámite, se convertirá en ley.
