El paquete que viajó 1.500 km y terminó en una causa federal en San Julián

Un joven de 25 años de Puerto San Julián aceptó un acuerdo que le evita el juicio oral y una posible condena de prisión, tras haber sido imputado por recibir un paquete con 461,32 gramos de marihuana en 2021. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz homologó la suspensión de juicio a prueba por dos años, con una reparación económica que irá directamente al hospital local.

La resolución fue firmada por el juez presidente Mario G. Reynaldi, con la asistencia de la secretaria Griselda Arizmendi, en la sede de Río Gallegos. Con esa firma, el trámite ordinario de la causa quedó cerrado y el acusado —identificado por las iniciales LCG— no tendrá que sentarse en el banquillo.

El operativo que empezó en Entre Ríos

El expediente se remonta al 6 de octubre de 2021. Efectivos de Gendarmería Nacional controlaban la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 124,5, cerca de Concepción del Uruguay, cuando revisaron un transporte de la empresa Vía Cargo. Dentro había un bulto que llamó la atención: había sido despachado en Paso de los Libres, Corrientes, y tenía como destino la ciudad santacruceña de Puerto San Julián.

Al abrirlo, los uniformados encontraron un paquete envuelto en cinta ocre que ocultaba la marihuana. La cifra fue confirmada por las pericias químicas del Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina. En lugar de frenar el envío, la Justicia ordenó una entrega controlada: el paquete siguió viaje hacia el sur, monitoreado.

La detención en la terminal de ómnibus

Cinco días después, el 11 de octubre de 2021 a las 15:20, LCG se presentó en el mostrador de Vía Cargo dentro de la terminal de ómnibus de Puerto San Julián para retirar la caja. En ese momento quedó imputado como autor del delito de tenencia simple de drogas.

Durante la audiencia preliminar, realizada de manera remota, el defensor público oficial Gastón Morillo destacó que su asistido no registraba antecedentes penales computables y pidió formalmente la suspensión del proceso a prueba. El fiscal interino Gastón Franco Pruzan dio su consentimiento al considerar que la propuesta era razonable, y sumó una exigencia clave: que el acusado termine sus estudios formales.

Qué deberá cumplir el joven

El fallo estableció un régimen de conducta por los 24 meses de probation. LCG deberá pagar una reparación económica de 200.000 pesos, en dos cuotas consecutivas de 100.000 pesos, que se convertirán íntegramente en insumos médicos y materiales para el Hospital de Puerto San Julián.

En ese mismo nosocomio tendrá que cumplir dos horas semanales de labores comunitarias no remuneradas durante los dos años. Además, deberá abonar una multa simbólica de 225 pesos con destino a las arcas de la Corte Suprema.

El perfil del encausado refleja una realidad frecuente en el interior patagónico: nacido en Cuyo en julio de 2001, vive con su madre, no tiene hijos a cargo y sus estudios secundarios están incompletos. Se sostiene con changas informales de albañilería y limpieza de patios, con un ingreso promedio estimado en 200.000 pesos mensuales.