El Parlamento chaqueño aprobó una ley de inversiones: quiénes quedan afuera del beneficio

El Parlamento chaqueño convirtió en ley el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “Chaco Invierte”, un programa que busca promover la radicación, ampliación y modernización de emprendimientos en la provincia. La sanción se dio con 20 votos a favor sobre 31 diputados presentes, en una sesión que dejó expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición sobre el rumbo económico chaqueño.

Los votos positivos provinieron del interbloque Chaco Puede junto a los bloques Primero Chaco y Frente Renovador. Hubo siete diputados que pidieron que el proyecto permaneciera en cartera: Sebastián Benítez Molas, Nicolás Slimel, Tere Cubells, Santiago Pérez Pons, Pía Chiacchio Cavana, Rubén Guillón y Rodolfo Schwartz. Otros cuatro se abstuvieron: María Luisa Chomiak, Elda Insarrualde, Lucas Nass y Luciano Moser.

El miembro informante fue Iván Gyoker, jefe del interbloque Chaco Puede, quien defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial bajo el proyecto de ley 1804/26. “Es un proyecto que ha enviado el gobernador, ha sido un compromiso en la primera sesión ordinaria”, sostuvo, y agradeció los aportes de los diputados opositores Atlanto Honcheruk, Gladis González, Laura Fogar y Katia Blanc, cuyas sugerencias quedaron incorporadas al texto final.

Qué contempla el nuevo régimen

Gyoker explicó que el RINI apunta a “fortalecer no solamente el sector privado” y a convertirse en “una política de Estado que perdure en el tiempo”. Según detalló, no está pensado para grandes inversiones extranjeras sino para quien ya tiene una empresa en Chaco y quiere ampliarla, abrir un galpón en Sáenz Peña o instalar un comercio en Resistencia.

El legislador remarcó que buena parte de los beneficios quedan atados a la contratación de chaqueños: “Van a tener prioridad aquellos que contraten personal chaqueño”. Lo mismo ocurre con proveedores, contratistas locales y servicios de logística de la provincia.

En materia impositiva, el régimen ofrece seguridad jurídica por 30 años para quienes se adhieran. Durante ese periodo se desgrava Ingresos Brutos, con eximición total por dos años y luego de manera escalonada por una década. También se crea el Índice de Disminución de Tasas (IDT), un reintegro para quienes tomen crédito: 1,5% en el Gran Resistencia, 2% en el interior y 3% en El Impenetrable.

Se suma el Certificado de Crédito Fiscal Transferible, similar al de la promoción industrial, pero con un tope elevado hasta el 60%. “Lo que va a permitir que quienes generen inversiones tengan un reintegro mayor”, precisó Gyoker, que pidió “darle oxígeno a las empresas de Chaco”.

Los reparos de la oposición

La diputada Laura Fogar, del bloque Primero Chaco, anticipó el acompañamiento de su espacio a partir de las modificaciones que impulsaron. “Nuestra prioridad es defender el empleo chaqueño”, afirmó, y subrayó que promovieron que las industrias ya radicadas también accedan a incentivos si invierten o amplían su producción. Además, su bloque logró incorporar la creación de un Consejo Consultivo Provincial de Inversiones con informes periódicos a la Legislatura.

Desde el PJ, Nicolás Slimel contrastó el debate con la realidad económica de la provincia. Según datos del Monitor Económico de la Bolsa de Comercio, en Chaco se perdieron 3.075 puestos de trabajo privado registrados y más de 410 empresas. “Debatimos sobre nuevas inversiones cuando ni siquiera podemos cuidar las que están”, lanzó, y recordó que a dos años del RIGI “hay cero inversiones en Chaco, no vino ni una”.

Su par Pía Chiacchio Cavana apuntó contra el articulado: “El RINI promete trabajo, pero no lo exige en ningún artículo de la ley”. También cuestionó que no se sepa cuánto costará el beneficio fiscal y advirtió sobre el déficit de infraestructura, financiamiento y logística que el Estado pretende compensar “resignando recursos públicos”.

Por el Frente Renovador, Katia Blanc calificó el proyecto como “un salvavidas o un paragolpes a la gran crisis económica que está atravesando la provincia”, en línea con lo que plantearon los empresarios industriales. Destacó que se incorporó el compre chaqueño y el cupo de mano de obra local, y pidió al gobernador Leandro Zdero “que ponga el canal de la realidad”.

Santiago Pérez Pons, también del PJ, reclamó “respeto institucional” por no haber sido parte de las incorporaciones al proyecto y repasó los números negativos de Chaco: sexta provincia con mayor destrucción de empleo, tercera en cierre de empresas y cuarta en deterioro fiscal.