El paro docente que desafía a Nación: La Pampa blindada por la Justicia
¿Pensaba Nación que podía pasar por encima de la Justicia? Docentes pampeanos desafían a la Casa Rosada con un paro blindado por una cautelar. Conocé los detalles del conflicto que tiene en vilo a la educación.
El paro nacional docente de este lunes 3 sacude a las aulas de todo el país, pero en La Pampa la medida tiene un escudo extra: una cautelar judicial que suspende la ley de esencialidad y deja a la Nación sin herramientas para sancionar.
Mientras la Casa Rosada amenaza con inspecciones aleatorias y multas, los gremios pampeanos, encolumnados detrás de la Utelpa, denuncian persecución política y defienden el derecho de huelga como un pilar constitucional.
¿Qué reclaman los docentes?
La Ctera convocó a la medida de fuerza con un pliego de exigencias que incluye la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial urgente y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno.
El salario mínimo docente lleva un año congelado en 500.000 pesos, mientras la inflación no da tregua. A eso se suman el rechazo a la reforma previsional y a la llamada “Ley de Libertad Educativa”, y un pedido concreto de más inversión en infraestructura, comedores, becas y conectividad.
La Justicia frena a Nación
Una cautelar de la Justicia laboral mantiene suspendida la aplicación de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Eso significa que los docentes no están obligados a garantizar el 75% de funcionamiento que exige el Ministerio de Capital Humano.
Además, la Nación no tiene legitimidad para controlar las escuelas pampeanas: la administración educativa es competencia exclusiva de la provincia. La Secretaría de Trabajo de La Pampa confirmó que no recibió notificación alguna sobre inspecciones.
La respuesta sindical
Claudia Calderón, nueva secretaria general de la Utelpa, fue contundente: “La ‘esencialidad’ y el 75% que reclama Capital Humano están suspendidos por la Justicia del Trabajo. El derecho de huelga está plenamente garantizado”.
Calderón calificó el anuncio de inspecciones como un “acto de persecución, amedrentamiento y una clara provocación”. Y apuntó contra la gestión nacional: “Este Gobierno ha sumido a la educación pública en la desinversión más atroz de los últimos 30 años: no construyó una sola escuela, subejecuta partidas, eliminó el Fonid y se niega a convocar la paritaria”.
Para la dirigente, la Nación no tiene estructura ni legitimidad para intervenir en las escuelas pampeanas. Cualquier intento de “desembarco” sería “una intromisión ilegal y un avasallamiento de las autonomías provinciales”.
“El acatamiento al paro va a ser contundente porque lo que se defiende es la escuela pública frente al ajuste nacional”, sentenció.
