El paro docente que nadie pudo ignorar: AMET reveló cifras contundentes de adhesión

El paro nacional docente convocado por AMET dejó una postal clara en Tierra del Fuego: casi 7 de cada 10 maestros técnicos se plegaron a la medida, pese a los descuentos que pesan sobre sus salarios. El dato encendió alarmas en el Gobierno provincial, que sigue negociando solo con SUTEF.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmó un acatamiento cercano al 70% durante la jornada de protesta de 24 horas. La medida combinó reclamos nacionales por el financiamiento educativo con demandas locales por recomposición salarial y mejoras edilicias en las escuelas.

¿Qué motivó la protesta?

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, explicó que la convocatoria surgió del Congreso de Secretarios Generales del gremio y que en la provincia se sumaron planteos propios del sistema educativo. "Habíamos convocado a adherirnos al paro nacional docente que surgió del Congreso de Secretarios Generales de AMET. La medida fue por 24 horas en reclamo por la quita del FONID, de distintos programas nacionales y por el financiamiento de la educación pública y técnica. A nivel local también reclamamos la recomposición salarial y mejores condiciones para el inicio de las clases en las escuelas", sostuvo.

El dirigente destacó que el nivel de adhesión refleja el malestar del sector, aun cuando los trabajadores arrastran el impacto de descuentos aplicados en conflictos anteriores. "Según el relevamiento que hicimos, el acatamiento fue cercano al 70%. Si bien el docente viene golpeado por los descuentos y por distintas medidas que se tomaron durante la primera parte del año, ese nivel de adhesión demuestra que existe un gran descontento en el sector docente", afirmó.

Críticas a la negociación exclusiva con SUTEF

Carrizo apuntó contra la decisión del Gobierno provincial de dialogar únicamente con SUTEF, dejando afuera a otras organizaciones gremiales. "Es una práctica que se viene repitiendo durante la gestión de Gustavo Melella. Se decidió acordar con una sola organización sindical y dejar afuera al resto de los gremios que representamos a los docentes. Nosotros vamos a seguir marcando las diferencias cuando las propuestas no satisfagan al sector y señalando las coherencias o incoherencias de los acuerdos que se alcancen", expresó.

En cuanto a la declaración de la educación como servicio esencial, el sindicalista fue tajante: el derecho a huelga está por encima de esa normativa. "Por encima de una ley impulsada por un gobierno que ha avasallado la educación pública, existen derechos constitucionales que garantizan la posibilidad de realizar paros y asambleas sin restricciones. Nación pretende actuar como controlador de las medidas de fuerza, pero al mismo tiempo se desentiende de su obligación de financiar adecuadamente el sistema educativo, que hoy tiene salarios por debajo de la línea de pobreza y edificios escolares en estado calamitoso", manifestó.

¿De quién es la responsabilidad?

Carrizo remarcó que los sindicatos no tienen la obligación de garantizar los servicios mínimos, sino que esa responsabilidad recae en el empleador. "Las organizaciones sindicales convocamos y notificamos las medidas de fuerza, pero no decidimos qué docente trabaja y cuál adhiere al paro. Quienes deben organizar el funcionamiento de las instituciones y hacer cumplir la normativa son el Ministerio de Educación y el Gobierno provincial. Esa responsabilidad no puede trasladarse a los sindicatos", indicó.

Finalmente, el dirigente cuestionó que AMET siga excluida de las reuniones con el Ejecutivo provincial y atribuyó esa situación a una decisión política. "La ley se refiere a las negociaciones paritarias, pero podríamos participar de cualquier otra instancia de diálogo. La decisión de convocar únicamente a otra organización es política. Aun así, cada vez más docentes se acercan a AMET porque están disconformes con la representación y con lo que hoy se negocia", concluyó.