El paro que paraliza los puertos: un referente del sector apuntó contra el Gobierno y alertó sobre pérdidas millonarias

El conflicto por el nuevo régimen de practicaje tiene en vilo al comercio exterior argentino. El presidente de la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales, Oscar Mendoza, salió a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno y aseguró que las pérdidas económicas son incalculables.

La medida de fuerza, que ya deja a más de 140 buques sin operar, se originó a partir del Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma reemplaza el reglamento vigente desde 1991 y modifica puntos clave: elimina el cupo para inscribirse como práctico, permite la contratación directa por parte de armadores y agencias, fija topes tarifarios a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y autoriza a capitanes con experiencia a navegar sin práctico.

¿Qué denuncia el sector del practicaje?

Mendoza fue contundente al referirse a la medida: “Hoy lo que sucede es un conflicto por una decisión del Poder Ejecutivo de desregular la seguridad de la navegación de las personas y del medio ambiente. Esto se suscita por una medida inconsulta, porque no se generó una mesa de trabajo ni de consulta con los principales actores del sector. Esto derivó en una herramienta que tiene un impacto totalmente negativo”.

El dirigente también rechazó los argumentos oficiales sobre la falta de prácticos y el costo del servicio. “Es falso que falten. El servicio está cubierto al 100%. Además, un aspirante se inscribe en un examen libre que lo toma la Armada y cualquier capitán fluvial o de ultramar tiene que rendir”, explicó. Y agregó: “La tarifa está regulada en Argentina”.

La Vía Navegable Troncal, principal arteria de salida para las exportaciones agroindustriales, es el escenario de este conflicto que afecta directamente la competitividad logística del país.

El impacto del paro: 140 barcos varados

La medida de fuerza tiene una particularidad: al ser los prácticos trabajadores independientes, no hay un paro formal sino una coordinación que frena las nuevas contrataciones. Quienes ya tenían turnos asignados siguen operando, pero los buques que esperan servicio se acumulan.

Según Mendoza, la situación es crítica: “El comercio internacional está completamente parado. Hay entre 140 y 150 buques pendientes de confirmación de servicio”. Y remarcó: “El dinero que pierde el país es incalculable. No solo afecta al comercio internacional, sino que también al comercio regional”.

El dirigente reclamó diálogo: “Se está pidiendo una mesa de trabajo, que el Poder Ejecutivo llame a las partes intervinientes en este sector y escuche a todas las voces que intervienen para desarrollarla verdaderamente, no destruirla”.

El Gobierno, por su parte, defiende la desregulación. Sturzenegger aseguró que se “desarmaron kioscos” y que el esquema anterior tenía “barreras de entrada” que encarecían el servicio. También criticó la segmentación geográfica que obligaba a contratar a más de un práctico para un mismo recorrido.

¿Qué harán ahora los prácticos?

Las entidades del sector ya anticiparon acciones legales. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la norma de inconstitucional y presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal, además de una denuncia penal por eventual afectación a la seguridad de la navegación, según el artículo 190 del Código Penal.

El conflicto se concentra en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde los buques esperan fondeados. El decreto prevé que la Prefectura o la Armada puedan intervenir en casos excepcionales, pero los buques de petróleo y gas siguen operando para no afectar el abastecimiento interno.