El pasado oculto de “El Militar”: los vínculos con el poder que emergen tras el femicidio de Érika

La figura de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del femicidio de Érika Álvarez, se revela como un entramado de conexiones con estructuras de poder y un pasado que incluye a un ex funcionario condenado. Lo que comenzó como una investigación por un crimen atroz ahora devela una red de contactos políticos, judiciales y empresariales que rodean al ex legionario, mientras la justicia federal profundiza su mirada sobre sus presuntas actividades con drogas.

Un dato que cobró fuerza en las últimas horas vincula a Sosa con Eduardo Di Lella, el ex secretario de Seguridad de Tucumán condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos. Según trascendió, Sosa no solo trabajó como custodio personal de Di Lella, sino que existiría también un vínculo familiar entre ambos.

¿Una sombra en los tribunales?

Esta relación quedó al descubierto durante el segundo juicio oral por el caso Lebbos, iniciado en 2018. Alberto Lebbos, padre de Paulina, recordó haber visto a Sosa siendo requisado por la policía al ingresar a la sala de audiencias. Según su testimonio, el ahora acusado estuvo presente en todas las jornadas del debate, custodiando al ex funcionario.

La empresa de Sosa, Seguridad Objetiva, fue habilitada en junio de 2012, en un período donde Di Lella ejercía funciones dentro del gobierno provincial. La firma brindó servicios en la Municipalidad de Yerba Buena hasta que el escándalo de la causa actual forzó la rescisión del contrato. Investigaciones en curso no descartan que la empresa haya operado para otros organismos públicos.

De los cultivos a las pastillas: la sombra de las drogas

La causa por narcotráfico que pesa sobre Sosa tiene un antecedente clave. En junio de 2023, en un allanamiento a su casa de Yerba Buena, se descubrió un espacio para el cultivo de marihuana. Sosa argumentó que tenía autorización para producir cannabis para consumo propio y de terceros.

En abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó al no comprobarse comercialización. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones revirtió esa decisión a pedido del fiscal Agustín Chit, ordenando su procesamiento por tenencia de estupefacientes.

El femicidio de Érika Álvarez abrió una nueva línea. Testimonios de familiares de la víctima señalaron que ella había mencionado la presencia de pastillas en la casa de Sosa, aunque aclararon que nunca las consumió. Justina Gordillo, empleada judicial y pareja de Sosa al momento del hecho, declaró que él le confesó haber comercializado éxtasis en fiestas electrónicas en el pasado, actividad que aseguró haber abandonado dos años antes.

Un testimonio explosivo y un pedido formal

El relato más contundente llegó de Nicolás Navarro Flores, imputado por encubrimiento. Declaró que el 7 de enero, Sosa le entregó una piedra de cocaína —que superaría los 200 gramos— junto a una caja de herramientas con drogas sintéticas. Navarro Flores aseguró haber descartado ese material por el inodoro.

Con estos elementos, el abogado querellante Carlos Garmendia solicitó formalmente al fiscal Chit que profundice la investigación sobre posibles vínculos de Sosa con el narcotráfico. Incluso trascendió la existencia de informes previos que lo ubicarían como proveedor en fiestas electrónicas clandestinas desde al menos 2022.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansia y Nicolás Flores, rechaza de plano cualquier vinculación con la comercialización de drogas. Así, entre un pasado militar, relaciones con el poder y acusaciones que se acumulan, el caso de “El Militar” sigue sumando capítulos en un expediente que parece no tener fin.