El pasajero no puede ser rehén: el Gobierno analiza multas y un antecedente clave para las concesiones

La retención de servicio que este miércoles llevaron adelante los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó a buena parte del transporte público de San Juan sin circular durante las primeras horas de la mañana. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó en Radio Sarmiento que la Provincia evalúa la situación y no descartó sanciones si se comprueba que hubo incumplimientos en el servicio.

"El pasajero no puede ser rehén de ciertas circunstancias", disparó el funcionario, que además cuestionó que la medida no haya sido comunicada formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo.

Cómo fue la jornada

Según detalló Molina, algunas unidades se diagramaron y alcanzaron a salir, pero la mayoría de los colectivos no completó los recorridos habituales. Calificó la medida como "intempestiva" y remarcó que el impacto recayó directamente sobre los usuarios.

El conflicto se originó en el reclamo de los trabajadores por el cumplimiento del acuerdo salarial firmado entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

Ese entendimiento, alcanzado el 23 de septiembre, fijó una recomposición del 10,5% retroactiva al 1 de septiembre, más $3.000 de viáticos por cada jornada efectiva y una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000 prevista para el jueves 15 de octubre.

Desde la UTA San Juan ya habían advertido el martes que, ante la demora en el cumplimiento de las pautas acordadas, podían avanzar con retenciones de servicio y asambleas permanentes.

Multas y antecedentes para las concesiones

Molina reconoció que la Provincia conocía la nueva escala salarial y que su eventual incumplimiento habría estado detrás de la medida. Aun así, marcó que la discusión salarial debe resolverse entre trabajadores y empresarios, mientras que el área de Transporte tiene la responsabilidad de controlar que las empresas cumplan con el servicio concesionado.

Si se comprueba un incumplimiento, el Gobierno dispone de multas y sanciones económicas, según indicó el funcionario. Pero fue más allá y advirtió que las faltas pueden tener consecuencias a futuro.

"Son antecedentes que tendremos que ir tomando, que irán quedando en carpeta para cuando tenga que renovarse la continuidad del servicio", explicó Molina.

Investigan supuestas amenazas a choferes

Durante la entrevista también aparecieron versiones sobre presuntas amenazas contra trabajadores que pretendían salir a cumplir con sus recorridos.

De acuerdo con lo señalado, algunos choferes habrían sido interceptados por otros trabajadores, que presuntamente los habrían amenazado con provocar daños en las unidades o con agresiones físicas.

Molina aseguró que se enteró de esa situación durante la propia entrevista y advirtió que, si se comprueba, podría derivar incluso en una denuncia policial.

"Protestar, reclamar, buscar un derecho corresponde, pero no se puede condicionar de esa manera si alguien quiere desarrollar la actividad", manifestó.

Mientras el conflicto sigue abierto, el Gobierno provincial busca definir cómo continuará la prestación del servicio y qué medidas puede tomar para que los usuarios no vuelvan a quedar en el medio de la disputa salarial entre los trabajadores y las empresas.